Tribuna

Grandes áreas y grandes mitos

Los contribuyentes nos enfrentamos a impuestos altos y, a pesar de ello, la recaudación es insuficiente porque paralelamente se han adelgazado las bases mediante exenciones, bonificaciones y beneficios fiscales. Se han creado, al mismo tiempo, nuevas figuras tributarias, de dudosa justificación al compás de las modas y de las conveniencias electorales. Una tendencia todavía más acusada en las Comunidades Autónomas –que ya administran una tercera parte de los recursos fiscales del país–, que han desplegado una gran imaginación en la introducción de nuevos impuestos, invocando las finalidades más nobles pero con graves consecuencias para los principios de neutralidad fiscal y de unidad del mercado. Es necesario, como reclama el informe Lagares, una racionalización de la legislación fiscal actual, que conduzca a un sistema simplificado en el que los tributos de la Hacienda central y de las Haciendas territoriales se integren.

En particular, el informe denuncia los impuestos que califica de “pretendidamente medioambientales” porque la defensa del medio ambiente es simplemente la excusa utilizada para encubrir la búsqueda de una finalidad bien diferente. El más pintoresco de estos impuestos, que los mejicanos llaman disque medioambientales, es el que grava las grandes superficies en comunidades como Asturias, Aragón, Canarias, Cataluña, La Rioja y Navarra.

La contaminación del medio ambiente es lo que los economistas llaman un fallo del mercado, en el que hay una divergencia entre el coste social (la contaminación) y el coste privado de una actividad determinada. Por tanto, si se quieren evitar las consecuencias sociales desfavorables de esta distorsión, la política apropiada será la que elimine directamente la fuente de la distorsión. Cualquier medida parcial, orientada a paliar los síntomas, no resuelve el problema inicial y crea otro. Esa falta de focalización es la fuente, en ocasiones, de verdaderos desastres de política económica: el déficit de tarifa es uno de ellos. Es lo que se conoce como teorema de los subóptimos relativos, gracias a la aportación original de Lipsey y Lancaster (The general theory of the second best).

Si se pretende reducir las emisiones de CO2 habrá que gravar el consumo de carburante, graduado según la calidad de éste y, por tanto, un impuesto de matriculación sería inadecuado porque la mera propiedad del auto, mientras no se usa, no es contaminante. Pues la relación entre el impuesto sobre “las grandes áreas de venta” –como se denomina en Aragón– y la corrección del daño medioambiental es todavía más remota. Están sujetos al impuesto los titulares de la actividad comercial desplegada en áreas de venta de superficie superior a 1.000 metros cuadrados pero exceptuando: las dedicadas al comercio mayorista; a alimentación minorista en el marco de un mercado municipal; las cooperativas; los centros de venta de materiales de construcción; y los puntos de venta de automóviles. Todo ese circunloquio sirve para enmascarar el verdadero objetivo de la norma, que no es combatir las actividades que dañan el medio ambiente sino las que puedan estimular la competencia y ofrecer alternativas atractivas a los consumidores, alterando la comodidad del statu quo.

El celo medioambiental se manifiesta también en la determinación de la base imponible del impuesto, en la que se computa, no solo la superficie del área de venta propiamente dicha, sino también espacios como pasillos, vestuarios de personal o hasta el botiquín.

Según esta filosofía, la atmósfera no se ve afectada por las emisiones de CO2 si provienen de un polígono industrial, un taller de autos o un mercado municipal; pero un efluvio debilísimo procedente de un probador de El Corte Inglés o de una estantería de Carrefour bastan para provocar un agujero en la capa de ozono. Pero hay otros focos de emisión de CO2 más importantes que son tabú para el recaudador de las Comunidades Autónomas: los hospitales, los colegios y universidades y, especialmente, los eventos deportivos. ¿Cuánto CO2 produce la afluencia de tráfico, con la congestión consiguiente, de los miles de espectadores que asisten a los partidos del Barcelona, el Real Zaragoza o el Osasuna?

En suma, no se trata de proteger la calidad del medio ambiente, sino de proteger la situación de privilegio de personajes locales influyentes que se sienten amenazados por cualquier cambio, a costa de la libertad de elección de la mayoría de los consumidores. Como ha dicho Pizarro, las figuras tributarias tienen nombres y apellidos. O sea, vivimos la misma situación que hace más de un siglo el insigne aragonés, campeón del regeneracionismo, definió con este título: Oligarquía y caciquismo.

Alfonso Carbajo es técnico comercial del Estado.