Editorial

Todas las rentas deben tributar

El Gobierno ha abierto otra ruidosa batalla social con su intención de someter al filtro tributario las indemnizaciones por despido, algo que en Europa es práctica habitual. En España, de hecho, los territorios con autogobierno fiscal, como Navarra y el País Vasco, también cobran impuestos a los despedidos si el montante de sus rescisiones sobrepasa determinados límites. Pese a establecer un mínimo exento de 2.000 euros por año de trabajo, y de que la propuesta no pasa de tal y es negociable y seguramente intercambiable por cuestiones con más capacidad de recaudación, los sindicatos y algunas fuerzas políticas han puesto el grito en el cielo con el argumento fácil de que es un agravio para un recién despedido tener que entregar una parte de su indemnización a Hacienda.

Lo lógico en un país que quiera consolidar un sistema fiscal moderno, con el que se comprometa toda la sociedad, es considerar base imponible todas las rentas. Y por tanto, las procedentes de los despidos, también. Otra cuestión es que deban existir mínimos exentos para liberar a contribuyentes con indemnizaciones inferiores al umbral de exención en el IRPF (el despido medio es de 12.000 euros), o que se trate como renta irregular. Pero conceptualmente, el despido debe tributar, como las pensiones o los premios de la lotería.