Aboga por suprimir todas las deducciones en IRPF y Sociedades

Fedea propone que todos los bienes tributen al 21% por IVA

Defiende que España, si quiere mantener el Estado de bienestar, debe ingresar 40.000 millones más

Un supermercado en Madrid.
Un supermercado en Madrid.

Hay dos opciones: elevar los ingresos públicos o desmantelar el Estado de bienestar. Bajo este punto de partida, Fedea presentó una propuesta de reforma fiscal para ingresar 40.000 millones más, cifra que equivale al déficit estructural de España. En condiciones neutrales –sin expansión ni recesión económica-, el Estado gasta un 0,4% más en porcentaje del PIB de lo que ingresa.

Para suprimir este desequilibrio, mantener los servicios públicos y mejorar la eficiencia del sistema, Fedea defendió ayer durante un seminario organizado conjuntamente la Fundación ICO medidas drásticas que reconoce que son políticamente complicadas de adoptar. Los investigadores de Fedea Juan Rubio Ramírez e Ignacio Conde-Ruiz abogan por suprimir todas las deducciones en el IRPF, salvo la reducción por rendimientos del trabajo. Ello permitiría reducir los tipos impositivos sin afectar a la recaudación. La misma medicina recomienda Fedea aplicar al impuesto sobre sociedades. El think tank académico apunta que el tipo impositivo sobre los beneficios empresariales podría reducirse al 15% frente al 30% actual si se suprimieran los beneficios fiscales que contempla hoy la legislación y ello no afectaría a la recaudación del tributo

Para elevar los ingresos, los expertos apuestan por incrementar la fiscalidad indirecta. Así, proponen que todos los bienes y servicios tributen al 21%. Actualmente, la legislación mantiene un gravamen general del 21%, un tipo reducido del 10% que rige para la hostelería, el transporte o la vivienda nueva, y un gravamen superreducido del 4% que se aplica para medicamentos, libros o alimentos frescos. Rubio y Conde-Ruiz defendieron que fijar un tipo único elevaría la recaudación en unos 20.000 millones. Además, recordaron que España ocupa el último lugar en ingresos por IVA en porcentaje de PIB por el excesivo peso que tienen los tipos reducidos y superreducidos en la cesta de la compra. Pablo Hernández de Cos, uno de los expertos que elaboró el informe para la reforma fiscal por encargo de Hacienda y que participó en el seminario, señaló que en España, solo el 40% de los bienes y servicios tributa al 21%.

Más allá del IVA, Fedea también propone elevar los impuestos especiales que gravan los carburantes, tabaco y alcohol. España mantiene tipos impositivos por debajo de la media de la Unión Europea. Lo mismo sucede con las tasas y precios públicos. Y también apuesta por incrementar la imposición sobre la riqueza.

Conde-Ruiz señaló que la reforma fiscal presentada por el Gobierno no soluciona el problema de las cuentas públicas en España. Hernández de Cos insistió en la necesidad de avanzar hacia una devaluación fiscal que implicaría un incremento del IVA y una rebaja de las cotizaciones. En otro foro tributario organizado ayer por KPMG, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, insistió en que el Gobierno no tiene ningún interés en incrementar nuevamente el IVA, un tributo que ya subió en la anterior legislatura y volvió a aumentar en septiembre de 2012. Ferre defendió que España ya ha llevado a cabo una devaluación fiscal. Junto a los incrementos del IVA aprobados con anterioridad, se ha fijado la nueva tarifa plana en las cotizaciones sociales para los nuevos contratados.

A preguntas de los periodistas, Ferre insistió en que la reforma tributaria que ha presentado el Gobierno beneficiará a todos los contribuyentes. De momento, el proyecto del Ejecutivo se encuentra en fase de borrador y se aprobará el 11 o el 18 de julio. Actualmente, asociaciones y organizaciones empresariales están remitiendo sus observaciones y propuestas al Ministerio de Hacienda. No cabe esperar cambios en el espíritu de la reforma, que mantendrá las rebajas de tipos y tramos en el IRPF y la reducción de beneficios fiscales en Sociedades. Sin embargo, todo apunta que el Gobierno elevará el mínimo exento de tributación en el caso de las indemnizaciones de despido que en el borrador se ha fijado en 2.000 euros anuales. Ferre sugirió que no se modificarán otras medidas polémicas como la supresión de la exención en el IRPF para los primeros 1.500 euros de dividendos.