La fusión de registros de la propiedad causará 2.200 despidos
El sindicato CSIF-SIOYA anuncia que se opondrá al ajuste de plantillas Desaparecen los registros con un volumen de tráfico de documentos de menos de 1.200 al año
Semanas después de que el Ministerio de Justicia hiciera llegar a los registradores su primera propuesta sobre la nueva demarcación registral, este colectivo ha elaborado un informe en el que expone todos los porqués de su negativa a dicho plan del Gobierno.
El informe, de poco más de 100 páginas, al que ha tenido acceso CincoDías, recuerda cómo el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón justificó su decisión de defender la eliminación de registros de la propiedad allí donde el tráfico de documentos sea mínimo (menos de 1.200 documentos al año) y fusionar los existentes en las capitales de provincia en la necesidad de adaptar la organización registral a la nueva situación de la economía.
Asimismo, Justicia cree que la medida proporcionará un sensible ahorro de costes de funcionamiento y facilitará a los ciudadanos conocer a qué registro han de dirigirse y qué criterios de calificación y de aplicación del arancel serán adoptados en cada momento. Pues bien, los registradores discrepan. Admiten que el volumen de documentos presentados se encuentra hoy por debajo del 40% del que existía al aprobarse la anterior revisión de la planta registral, en 2007.
Sin embargo, advierten que el reagrupamiento de registros en uno solo por población no es la solución. Consideran que con la implantación de ventanillas únicas se podría resolver la cuestión de dónde presentar cada documento y el vigente sistema de recursos resuelve “cualquier problema de calificaciones extravagantes”.
Por el contrario, avisan de la pérdida de empleo que generará, por las duplicidades de funciones que ocasionará, hasta el punto de poder destruir un 20% del empleo total estimado de los registros (unos 11.000 trabajadores en todo el país).
El sindicato CSIF-SIOYA mostró ayer su oposición al diseño de la nueva planta registral, ya que no solo pone en peligro miles de puestos de trabajo, sino también la calidad de un servicio muy respetado por los ciudadanos. Esta organización critica que el proceso se esté llevando a cabo sin la participación de los interlocutores sociales.
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