Pide a sus bonistas permiso para abandonar el proyecto

ACS renuncia a la concesión de Castor

Si los bonistas aceptan podrá pedir a Industria la reversión del proyecto

El principal bonista es el BEI, con 300 millones de deuda

La inversión de Castor es de 1.600 millones y se pagaría en el recibo del gas

Almacén de gas Castor frente a las costas de Vinaros, en Castellón.
Almacén de gas Castor frente a las costas de Vinaros, en Castellón. Reuters

La sociedad propietaria del almacén subterráneo de gas Castor, Escal, en la que participan ACS, con un 66,7%, y la canadiense UGS, con el resto del capital, comunicó anoche a sus bonistas su deseo de iniciar el proceso para abandonar el proyecto y renunciar a la concesión del mismo. La actividad de la instalación fue suspendida por el Ministerio de Industria el pasado otoño tras los seísmos que se desencadenaron en las costas de Castellón cuando se inició el llenado de la planta con la inyección de gas colchón.

Más concretamente, Escal solicita el permiso de sus bonistas, encabezados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con 300 millones de euros de bonos sobre algo más de 1.400 millones. Además, esta entidad tiene garantizados otros 200 millones de la deuda de Castor. El acuerdo de los bonistas establece que, para tomar una decisión como esta, se requiere de su autorización previa e, incluso, se podría otorgar con condiciones.

Una vez que se obtenga, y todo indica que el BEI está por la labor, se iniciarían los trámites para solicitar a Industria la reversión de la concesión. De ser aceptada, los inversores, por los que el ministerio ha mostrado su preocupación, según fuentes próximas al mismo, recuperarían su dinero pero se quedarían sin los beneficios futuros.

No obstante, aunque la auditoría de Castor que está en manos del ministerio desde enero, reconoce una inversión de 1.400 millones, la promotora reclama hasta 1.600 millones por los costes operativos (medio millón de euros mensuales en mantenimiento, por ejemplo) y gastos extraordinarios por el cambio en la financiación del proyecto que exigió el Gobierno en 2012, con una emisión de bonos.

Ese año, el ministerio publicó un real decreto que pone ahora entre la espada y la pared a los inversores de Castor: si en noviembre de este año no logra superar la prueba de extracción de 25 millones de metros cúbicos diarios durante un plazo de 48 horas, la planta entrará en default. Una extracción imposible ya que en el almacén, que sí superó el llenado de ocho millones de metros cúbicos que también se le exigía, no se llegó a inyectar tanta cantidad debido a los seísmos que llevaron al ministerio a cerrarla sine díe.

Aunque Industria ha encargado estudios para determinar el riesgo de la instalación, sus responsables reconocen que la conclusión se demorará años. Años de los que Escal no dispone. El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, reconocía recientemente haber mantenido negociaciones con el presidente de ACS, Florentino Pérez, para buscar una solución a Castor y evitar un pleito. Nadal ha dejado claro que el almacén no se desmantelará por si en el futuro “es necesario”. En algún documento público Industria reconoce que la inversión fallida la sufragarían los consumidores a través de la factura del gas.

Los bonos de Castor tienen un vencimiento semestral. De hecho, vencen el día 30, y los bonistas cobrarán sin problemas, principal e intereses.