Editorial

Una política de austeridad más flexible

Si los socialistas europeos apoyan finalmente el nombramiento de Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea, la política económica de la zona euro vivirá un importante cambio de escenario. Tras las elecciones del 25 de mayo, los socialistas italianos se han convertido en el grupo nacional más numeroso dentro de los socialistas europeos, lo que ha transformado a su líder, Matteo Renzi, en una pieza fundamental para designar al nuevo presidente de la CE. En el Consejo Europeo, Renzi es el sucesor natural de Françoise Hollande como representante de los gobiernos de izquierda. Y desde esa posición de liderazgo, ha ofrecido su apoyo a Juncker a cambio de una exigencia en materia de política económica: flexibilizar la aplicación del Pacto de Estabilidad.

Desde las filas socialistas no se descarta que ese requerimiento vaya acompañado de otras peticiones, pero de momento todo apunta a que el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, ha aceptado el grueso de la oferta, por lo que solo restaría discutir los flecos sueltos de su aplicación, algo que probablemente sucederá en la cumbre europea de la próxima semana.

La traducción sobre el terreno de este pacto implicaría una relajación sustancial del calendario de ajuste fiscal impuesto desde Bruselas. Ello incluye prolongar los plazos para reducir el déficit por debajo del 3% del PIBo para situar la deuda en un porcentaje inferior al 60%, pero también excluir una serie de inversiones del cómputo de déficit. A nadie se le escapa que la gran beneficiada de estas concesiones es una Francia que se muestra incapaz de meter en cintura su gasto público y de cumplir el objetivo de déficit del 2,8% fijado para el año que viene. Bruselas ya ha advertido oficialmente a París del riesgo de incumplimiento de los objetivos de 2013 y 2014, un fracaso que podría traer aparejada la apertura de un expediente disciplinario. Pese a ello, no solo Francia, sino todos los estados miembros, respirarán aliviados si el acuerdo se materializa.

España ya ha obtenido dos prórrogas para corregir el déficit y no parece dispuesta a sumarse a esta batalla política, pero la flexibilización del Pacto de Estabilidad supondría un beneficio importante para nuestra economía. Por un lado, porque daría al Gobierno un margen más amplio para bajar la presión fiscal y ayudar a estimular la actividad económica; y por otro, porque la exención de ciertas inversiones del cómputo de déficit permitiría aumentar el gasto público y crear empleo. Más allá de los beneficios económicos que pueda traer el relajamiento, lo que subyace tras este posible acuerdo es también el temor a que las políticas de austeridad en Europa sigan alimentando las posiciones antieuropeístas que se han fortalecido tras las elecciones europeas. Ambos motivos, económico y político, hacen interesante la propuesta.