La vida en un clic
Internet tiene el mérito de permitir tener prácticamente todo al alcance de un click: se pueden dar consejos, comprar, hacer publicidad, interactuar y relacionarse, comentar, estudiar o ampliar conocimiento, hacer entrevistas de trabajo, contratar laboralmente, hacer transferencias de dinero, leer libros, ver cine, encargar la cesta de la compra o una cena, visitar otros países, vestirse (y desnudarse), disfrazarse de otra persona, adoptar otras identidades, manifestarse de forma anónima, copiar, invadir espacios de otros, robar, traficar, calumniar, invadir la intimidad de personas, vulnerar su honor… se puede incluso votar por internet. Menos oler y masticar todo cabe en ese clic.
Y parece que ahora hay que regular el uso de la red porque “va por delante de la legislación vigente”. ¿En serio? O sea que, de momento, todo vale y hasta que no se regule internet de manera específica no hay responsabilidad por su uso. Yo creo que no es necesario regular específicamente nada. Y no porque la libertad de expresión sea el bien jurídico a proteger, como alguien se ha apresurado a comentar (con bastante poca fortuna, en mi opinión), sino porque tenemos ya suficiente regulación.
La libertad de expresión está muy bien. Más que eso. Es necesaria. Tiene además un marco –amplio, pero no infinito– de ejercicio. Y quien a fecha de hoy, con base en su libertad de expresión, haga una manifestación a través de una red social tendrá que entender que ello es lo mismo que hacerlo en una plaza llena de personas. E incluso deberá asumir que se dirige a una plaza pública a sabiendas de que su audiencia es mayor de lo que la persona sea capaz de convocar en la realidad no virtual. Si amenaza a alguien, estará cometiendo un delito. Y si ofende a alguien también con el agravante de que se está asegurando el máximo conocimiento posible de su acción. Porque en internet ya se aplica la legislación vigente. O ¿acaso puede ofrecerse impunemente droga o pornografía ilegal por internet? Pues eso.
No es necesario regular específicamente nada, porque tenemos ya suficiente regulación
Cuando ya los comportamientos son obscenos, cuando da vergüenza mirarlos, y se dicen auténticas barbaridades y amenazas directas a la integridad o al honor de las personas, se produce una reacción propia de quien desconoce la legislación existente (y aplicable), instando a la regulación de internet, que es seguida por alguien a quien se le ocurra defender las barbaridades como la consecuencia natural de la libertad de expresión. Me vienen ahora a la memoria las peleas violentas en los colegios entre menores de edad de hace algunos meses y que han sido divulgadas en la red, grabadas por menores, y que solo suscitaron asombro e incluso repulsa, pero no una reacción más terminante ni apremiante. Y ahora vienen las reacciones tras algunos tuits vomitivos por el atentado de León… un poco tarde, aunque bien necesarias.
Internet, es un espacio, un país donde puede habitar quien quiera, incluso de forma anónima. Caben hasta los sin papeles y los que llevan documentación falsa. Pero el hecho de estar voluntariamente identificado (o voluntariamente ocultado) no significa que se pueda deambular por el país sin respeto por los cohabitantes ni sin responsabilidad por los actos que se cometan en este país virtual. Tengamos además en cuenta que la tecnología que permite la existencia de Internet también permite que haya formas legales de identificar a las personas responsables de cualquier comportamiento en este territorio.
El problema no está en que no haya legislación (tenemos ya regulada la protección de las personas, su honor, intimidad, integridad, la infancia, derechos de autor, derechos morales, protección de datos, etcétera) sino en que no hay medios materiales para absorber y digerir un territorio, un planeta nuevo llamado internet, de una parte. De otra parte, los dueños de los distintos países (como Twitter, Facebook, Flickr, Instagram, Didi, Tinder, etcétera) que habitan en el planeta internet, no se toman en serio la necesidad de autorregularse a fondo. Les denomino países porque tienen la posibilidad de dotarse de una legislación complementaria a la comúnmente aplicable: las condiciones generales de uso de sus respectivas plataformas, donde perfectamente puede preavisarse a los usuarios de las consecuencias de su comportamiento.
La gente emigra a territorios más seguros y predecibles, con sus bienes y su capacidad de gasto
Estas empresas de internet, que tienen el legítimo derecho a estar presentes en la red y hacer negocios y obtener beneficios por ello, deben ser conscientes de que los países (incluso los virtuales) que no son seguros no atraen inversión ni gasto y pasan a ser utilizados por una parte de sus habitantes, en vez de por los habitantes comprometidos y con sentimiento de pertenencia al país en cuestión, siendo aquel grupo el que busca su particular beneficio a costa de éstos últimos. Y al final, la gente emigra a territorios más seguros y predecibles. Con sus bienes y su capacidad de gasto. Se van, en definitiva, con su capacidad de hacer clic, a otro país.
Los dueños de las distintas comunidades de internet deben además convertirse en auxiliares de la Administración de Justicia, tomando acciones inmediatas de identificación de conductas ilegales y reportándolas a las autoridades o a las fuerzas de seguridad para su investigación y la depuración de las responsabilidades a que hubiera lugar. Esta tendencia ya por sí sola conseguiría que determinadas conductas cesaran o se vieran reducidas en una cantidad relevante. Y todo ello sin necesidad de abordar un marco legislativo específico para internet.
Porque si internet es un foro donde podemos pensar lo que decimos y hacemos –igual que en la vida real– y somos conscientes de que además la audiencia es masiva, debemos ser conscientes de la importancia que tiene el clic del ratón del ordenador: el clic de un ratón y el clic de un gatillo no deben poder sonar igual, salvo que tengan idénticas consecuencias. Y suenan igual o muy parecido.
Sergio Redondo Serrano es secretario general y del Consejo de Coca-Cola para España y Portugal.