Editorial

Un mercado atractivo para las empresas

La ofensiva lanzada por el Ministerio de Economía, la CNMV y BME para que las empresas españolas emitan deuda en España es una consecuencia lógica de la mejora de las perspectivas en los mercados para la renta fija con sello nacional. Desde comienzos de 2013, tras los peores embates de la crisis de deuda soberana, las empresas y los bancos españoles han regresado con fuerza al mercado. Pero de los 136.000 millones de euros que han emitido desde entonces, prácticamente la mitad se han colocado fuera de España. El ranking de receptores de ese boom de deuda está encabezado por Luxemburgo –que ha atraído el 40% del capital total– seguido por Dublín y por Londres.

La campaña emprendida para revertir esta suerte de deslocalización financiera tiene como objetivo hacer que España saque partido a esta primavera de emisiones de renta fija, así como potenciar el mercado español como plataforma atractiva para llevarlas a cabo. Se trata de una tarea que cuenta con la información como principal herramienta de trabajo. No en vano, las trabas y dificultades que en el pasado rodeaban estos procesos en España –en relación con la flexibilidad que ofrecían otros mercados internacionales– han sido objeto de una reforma cuya efectividad reconoce la propia industria financiera, pero que no parece haber calado de igual manera en las compañías. Es el caso de la desaparición del trámite de supervisión previa de las emisiones que antes realizaba la CNMV y que constituía una injustificada prerrogativa del supervisor respecto a sus homólogos europeos. O del establecimiento de un plazo máximo de cinco días para el folleto de admisión a negociación, lo que ha agilizado extraordinariamente el proceso.

Pese a esas mejoras, todavía persisten ciertas creencias que no se corresponden con la realidad y que resulta fundamental rebatir. Como la supuesta barrera del idioma, desmentida por la pionera emisión de bonos que ha realizado La Caixa bajo leyes británicas y con el folleto en inglés. O la diferencia de costes, que no es tal, dado que estos son equiparables en todos los mercados, con el añadido de que los asesores legales extranjeros suelen resultar más caros. O unas diferencias tributarias inexistentes, puesto que la legislación europea proscribe la discriminación fiscal en función de la residencia del inversor.

Es cierto que las emisiones cuentan con una mayor demanda foránea. Pero un vistazo a los 450.000 millones de deuda emitida en España desde antes de la crisis y colocada casi en su totalidad entre inversores extranjeros también desmiente esta supuesta dificultad. Nuestro país ha realizado un enorme esfuerzo para cambiar su imagen y recuperar la confianza internacional. Ahora, paradójicamente, toca hacer ese trabajo de puertas adentro.