El Foco

Becas, tasas e incoherencias

Asistimos hace pocas semanas a la oposición de algunas Comunidades Autónomas a los requisitos del ministro Wert para poder disfrutar de beca universitaria. Hay quienes se escandalizan de que se exija a los alumnos algo más que un simple 5,0 para que, con los impuestos de los ciudadanos, se financien sus estudios universitarios.

Se esgrimen argumentos de que, con los requisitos de Wert, se está convirtiendo a la Universidad en elitista, pues, quienes tienen recursos, con independencia de su nota, pueden cursar estudios en la Universidad, cercenándose la posibilidad de realizarlos a quienes no los tienen. E incluso hay quienes, demagógicamente y para acentuar el carácter discriminatorio de la medida, llegan hasta a argumentar que, por el contrario, los que con altas rentas optan por estudiar en una universidad pública, aún cuando no puedan percibir beca, quedan exentos de abonar la parte del coste de sus estudios que todos sufragamos por las dotaciones presupuestarias que las Administraciones Públicas destinan al sistema universitario. Representantes de algunas Comunidades Autónomas han llegado a argumentar que “nunca en la historia la igualdad de oportunidades ha estado tan cercenada como ahora”. Lo que, sin duda, será el resultado de la comparación con las modélicas actuaciones implantadas por algunos en su territorio para facilitar el acceso de las clases más desfavorecidas a sus universidades.

Aunque parece que no hay más que comprobar el precio de los créditos de los estudios en las diferentes Comunidades Autónomas para observar que no existe mucha coherencia de actuación entre quienes critican la existencia de algo más que no sea un simple 5,0 y el esfuerzo económico requerido a abonar a los ciudadanos por estudiar en sus universidades.

En algunas Comunidades se han complementado los precios por crédito con una tasa de preinscripción

Incluso en algunas Comunidades Autónomas se han complementado, sus ya de por sí no baratos precios por crédito, con una tasa de preinscripción. Tasa acordada por los Consejos Sociales de algunas Universidades, que, en caso de que el alumno realice una preinscripción simultánea a varios estudios, deberá previamente abonar por cada uno. Además, y para que no queden dudas, se matiza lo siguiente sobre dicha tasa: “Los importes abonados en concepto de tramitación de la preinscripción no son reembolsables, tampoco en el caso de desistir de la solicitud, ni en el caso de no ser admitido.”

Es difícil no compartir la falta de capacidad de algunos de los responsables del Ministerio de Educación que, tras más de dos años, siguen aún sin haber aportado solución para algunos de los problemas más acuciantes de nuestro sistema universitario. Por ejemplo, legislar una solución que permita la equiparación internacional de los títulos universitarios españoles –en especial, de los ingenieros– o no haber adoptado medida alguna para poner fin al caos reinante de Universidades, centros y títulos por doquier, que lo único que están consiguiendo es una sobreoferta de universitarios que no reciben ni calidad ni rigor alguno. Pero otra cosa bien distinta es que, intentando actuar con coherencia, algunos no apoyemos cualquier política que repercuta en que los escasos recursos económicos que nuestro país pueda destinar al sistema público universitario –al menos de los procedentes de mis impuestos– se empleen en formar a quienes más capacidad tengan, independientemente de su nivel de renta familiar.

Que en la Comunidad de Cataluña, que este curso académico estableció un precio de 39,53 euros por ECTS para los estudios de ingeniería –un 90% más caro que el precio medio de todas las Comunidades Autónomas (20,76 euros por ECTS) y un 213% más caro que en la más barata, Andalucía (12,62 euros por ECTS)–, todavía se incrementen aún más los costes de los estudios universitarios con una tasa de preinscripción, variable entre 30 y 100 euros en función de la Universidad, no parece ser muy de recibo; especialmente cuando se realizan determinadas declaraciones en los medios de comunicación.

Aunque tampoco parece que los responsables del Ministerio de Educación estén promoviendo regulaciones para preservar el deber que tiene el Estado de otorgar un trato igualitario a todos los ciudadanos españoles. Mucho promover legislaciones de “unidad de mercado”, pero su ausencia en las tasas universitarias es palmaria. Dos alumnos matriculados de los mismos créditos en la misma carrera, que reciben la misma beca de matrícula, le suponen al Ministerio de Educación un coste notablemente diferente dependiendo de la Comunidad Autónoma de que se trate. En el caso de que esos alumnos cursaran estudios de ingeniería, uno en Cataluña y el otro en Andalucía, el resultado sería que la Generalitat de Cataluña recibiría una cantidad un 70,42% superior a la que recibiría, por la misma matrícula, la Junta de Andalucía.

Tener tasas altas y tasas adicionales, no fomenta el acceso de los más desfavorecidos a la Universidad

Tener las tasas más altas, complementadas con tasas adicionales, no atisbo a visualizarlo como una medida que fomente demasiado el acceso de los más desfavorecidos a la Universidad. Pero que esa decisión, adoptada a nivel autonómico, acabe significando que todos los españoles retornemos a algunas Comunidades Autónomas, por las becas de matrícula, fondos inversamente proporcionales a sus prioridades presupuestarias, me resulta indignante.

Lo que no consigo entender es cómo algunos responsables del Ministerio de Educación todavía callan cuando, desde determinadas Comunidades Autónomas, se atreven a acusar al ministro Wert de fomentar el elitismo en la Universidad. Aunque no debería extrañar, pues se trata de los mismos que evidencian su incapacidad para aprovechar las demandas que parte de la sociedad civil les reclama para que reconduzcan el rumbo de la Universidad española, curiosamente, hacia el elitismo, pero al del conocimiento: un sistema universitario que emplease nuestros impuestos en formar, en lugar de en no se sabe muy bien en qué ni en cómo a todo el que, con tan solo un 5,0, cruza los dinteles de los campus, a quienes acreditaran disponer de las mayores capacidades, independientemente de su nivel de renta, garantizando así el mayor retorno posible de dicha inversión social.

Luis-Manuel Tomás Balibrea es presidente de la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España.