Editorial

Un mejor control corporativo

El Gobierno ha dado una importante vuelta de tuerca al buen gobierno en las empresas a través de una serie de reformas a la Ley de Sociedades de Capital. Buena parte de esos cambios –que el viernes fueron remitidos al Congreso para que sean tramitados como proyecto de ley– afectan a las empresas cotizadas, como los que estrechan el control sobre el salario y las responsabilidades de los ejecutivos. Entre esas disposiciones destaca la obligación de que los sueldos de los directivos sean “razonables” y “acorde con la situación económica de la sociedad”, así como con las funciones que desempeñen. En las sociedades cotizadas será la junta de accionistas –a la que, en general, se otorgan mayores poderes– la única facultada para aprobar las remuneraciones.

Todos esos cambios no solo resultan oportunos en el marco del gobierno corporativo, sino especialmente necesarios tras una crisis económica que ha servido para sacar a la luz la diferencia que existe entre las buenas y las malas –o incluso nefastas– prácticas en materia de gestión empresarial. Desde el Gobierno se reconoce que esta reforma supone un paso desde la autorregulación hacia la obligatoriedad. Se trata de una muy buena noticia. No en vano, la materia es lo suficientemente seria y grave como para exigir ese nivel de control.