Extra Formación y Empleo. Efectos del Plan Bolonia

Cuando la carrera se hace de fondo

Los llaman másteres habilitantes y sin ellos no se puede ejercer. Derecho requiere, además, un examen oficial. El resultado: más años y más dinero

El máster de Acceso al a Abogacía habilita para ejercer la profesión.
El máster de Acceso al a Abogacía habilita para ejercer la profesión.

Con el renombrado Plan Bolonia la educación superior de nuestro país ha tenido que amoldarse a las exigencias europeas. La nueva realidad universitaria acarrea la, ya casi completa, transición de las licenciaturas a los grados y, con ello, aparecen los llamados másteres habilitantes que prácticamente acaban de arrancar. Se trata de módulos necesarios para el ejercicio de distintas profesiones y nos equiparan a otros países donde las especializaciones son obligatorias. De esta forma, a los cuatro años de duración de un grado, se suman otros dos años antes de poder ejercer como abogado, ingeniero o profesor. Así se gesta la nueva universidad en España.

Estudiar Derecho ya no es lo que fue. Hasta hace pocos cursos, con cinco años de carrera y la colegiación, los alumnos licenciados podían ejercer su profesión y enfrentarse a un nuevo mundo de juzgados, sentencias y pleitos, sin apenas experiencia. “Necesitábamos este cambio en el acceso a la profesión”, afirma Juan Zornoza, catedrático de Derecho Financiero y Tributario y director del máster de Acceso al Ejercicio de la Abogacía de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).

El centro público ha sido uno de los pioneros en implantar este posgrado. Gracias a ello, 74 alumnos de la Universidad Carlos III de Madrid más los de otros centros, serán los encargados de estrenar el examen de acceso a la abogacía que depende y organiza el Ministerio de Justicia y cuya primera edición está prevista para finales de junio (Ver apoyo).

A pesar de que casi todos los actores implicados alaban la creación de la especialización, las universidades muestran su preocupación: “Nos gustaría garantizar un número más elevado de plazas para los alumnos, pero ofrecer una formación de calidad, ajustándonos en precio y pudiendo ofertar prácticas a los alumnos resulta muy difícil”, explica Zornoza.

La primera edición del examen de acceso a la abogacía se realizará en junio

Dentro del máster, los futuros abogados están obligados a combinar un módulo teórico, donde se hace hincapié en aspectos deontológicos, de ejercicio de la profesión o temas de gestión (entre otros) además de una parte práctica. “Las prácticas en despachos y empresas son esenciales, pero en estos momentos no es sencillo adecuar la demanda de los alumnos matriculados con la oferta”, apunta Zornoza. No hay que olvidar que Derecho es una de las titulaciones universitarias más demandadas, con un alto porcentaje de alumnos sin vocación por la abogacía que, de no realizar el máster, tendrían que optar por opositar o bien quedarse con el título de graduado.

Cuestión de dinero

El segundo aspecto preocupante de la nueva situación es el precio. “Es necesario alcanzar un equilibrio entre la educación de calidad y el acceso a todo el alumnado”, advierte el catedrático de la UC3M. Ofertar materiales y grupos reducidos, además de contar con los mejores profesores y profesionales implica un incremento en el coste. Pero las opciones son variadas. Desde el precio público más barato ofertado, por ejemplo, por la Universidad Autónoma de Madrid (unos 2.000 euros por año) hasta los más de 20.000 euros de escuelas de abogacía como la del despacho Garrigues, pasando por matrículas intermedias como los 6.700 euros de la Universidad Carlos III.

Desde la Universidad Autónoma de Madrid insisten: "hemos hecho un esfuerzo por aportar la mejor formación a un precio asequible, al ser un máster obligatorio". Contamos con 40 profesores internos y 24 procedentes de doce despachos de abogados. Sus 150 primeros estudiantes, tras el año académico, realizarán el periodo de prácticas (seis meses), avalado por el Colegio de Abogados de Madrid, en reputados despachos de abogados, en asesorías jurídicas de grandes empresas y en otras instituciones. Cuentan para ello con el apoyo de doce despachos de abogados, entre los que figuran Uría y Menéndez, Clifford Chance o Cuatrecasas, notarías y 20 empresas colaboradoras (KLM, Endesa, BBVA, Deloitte o Ernst &Young).

El alumno paga del 15% en primera matrícula al 100% en la cuarta

Sea lo que sea, se trata de uno o dos años más de estudios que se suma a la subida de las tasas y la crisis económica. Un cóctel peligroso que ahoga al alumnado español. Con el plan antiguo, a los licenciados les suponía algo más de 1.300 euros de media cada curso de carrera (6.500 euros la titulación entera en caso de no repetir). Ahora ese precio se incrementa al alargarse la titulación y tener que pagar una especialización más cara, aproximadamente 9.000 euros en total en las universidades más baratas. Una obligación no apta para todos los bolsillos.

“En este último curso hemos recibido más de 300 solicitudes para cursar el máster de Acceso a la Abogacía en nuestra universidad. Muchas de ellas vienen de centros privados en busca, posiblemente, del abaratamiento de la formación”, cuenta el catedrático de la UC3M. Pero los centros privados también se han amoldado a la situación y los tradicionales másteres no habilitantes que especializaban en Derecho han dejado paso al nuevo módulo.

Pablo Olábarri, director del Centro de Estudios del despacho de abogados Garrigues, señala que “estudiar este máster habilitante en un centro privado sigue siendo una opción a tener en cuenta”, ya que es ahí donde puede encontrarse diferenciación en la educación o especializaciones internacionales impartidas en otros idiomas. Además, Olabárri predice que “los posgrados no obligatorios que existen en la rama jurídica están condenados a desaparecer” o deberán amoldarse a profesionales experimentados en busca de un “extra” en su currículum.

Y otra opción en alza, dada la importancia de dicho módulo, es compaginar la especialización con un trabajo. Para ello, una de las mejores opciones es realizar estos estudios a distancia o de forma semipresencial. Esther Monterroso, directora del departamento de Derecho de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), destaca que “a través de una plataforma virtual y dividido en tres cuatrimestres, es posible la superación del máster de acceso a la abogacía así como del examen oficial”. Su precio no supera los 6.000 euros.

Los que se renuevan

• Máster en Ingeniería Naval y Oceánica

• Máster en Ingeniería de Telecomunicación

• Máster en Ingeniería Agronómica

• Máster en Ingeniería de Montes

• Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

• Máster en Ingeniería de Minas

• Máster en Ingeniería Industrial

• Máster en Ingeniería Aeronáutica

• Máster en Arquitectura

• Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas

• Máster en Psicología General Sanitaria

• Máster de acceso a la abogacía

• Máster de acceso a la procuraduría

“La finalidad de los másteres habilitantes es fomentar una formación especializada y la adquisición de las competencias profesionales que no pueden desarrollarse en los estudios de grado”, afirma Gaspar Rosselló, secretario de la Comisión Académica Sectorial de las Universidades Españolas (CASUE) de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Los precios públicos han sido fijados por las comunidades autónomas e indican que, “para aquellos estudios obligatorios para el ejercicio de actividades profesionales, los alumnos asumirán desde el 15% de los costes en caso de primera matriculación, hasta el 100% en la cuarta”, recuerda Roselló. Para el curso 2013-2014 que finaliza en las próximas semanas, el precio medio del crédito de primera matrícula de másteres habilitantes se ha situado en algo más de 26 euros y varía desde los 42 euros de la Comunidad de Madrid hasta los 19 de Andalucía o Aragón.

Las universidades públicas están adoptando programas específicos de becas y medidas extraordinarias como, por ejemplo, el incremento de plazos para abonar los pagos. De hecho, la CRUE declara que “se consideran especialmente dolorosos y difícilmente justificables las medidas que afectan a los estudiantes”. Además, reclaman “precios públicos más asequibles en todos los niveles formativos”.

Ingenieros y arquitectos se igualan

Las escuelas politécnicas también se amoldan a la nueva realidad europea. Donde antes eran necesarios tres años para los diplomas técnicos y cinco para los de ingeniero o arquitecto, ahora pasan a cuatro de grado más dos de máster si se desea un título superior.

“El modelo educativo está cambiado en las ingenierías. Ahora se refuerza el trabajo del alumno en cada asignatura (se exigen entre 25 o 30 horas) y los centros nos comprometemos a bajar las tasas de abandono”. Así opina Daniel Segovia, director de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid. Para lograr estos cambios son necesarias medidas como la no masificación de las aulas y el compromiso con una enseñanza más individualizada.

“Una alta tasa de abandono en unos estudios de ingeniería no es eficiente”, puntualiza Segovia. Además, los másteres en las carreras técnicas aseguran un modelo más coherente, con grados más generales para los que finalicen sus estudios a este nivel y especializaciones para las titulaciones superiores. Atrás quedaron aquellos estudiantes que se quedaban en una ingeniería técnica a mitad de la carrera, ahora el alumno tendrá que elegir muy bien el camino a tomar al empezar y seleccionar el que más le convenga para ello.

Las privadas también se amoldan al nuevo Espacio de Educación Europeo, de hecho, la Universidad Europea de Madrid ya oferta tres especializaciones: Ingeniería Industrial, Telecomunicaciones y Caminos, Canales y Puertos.

La prueba de la discordia

En estos momentos no hay fecha concreta para la realización del examen de acceso al ejercicio de la abogacía. El Ministerio de Justicia, responsable de la prueba, aún no ha fijado tampoco lugar y la primera hornada de alumnos de máster aguarda para poder ejercer. “Se trata de estudiantes que, aproximadamente desde el mes de diciembre, están a la espera de pasar la evaluación para poder trabajar”, insiste el catedrático de la UC3M, Juan Zornoza. Mientras, desde los centros educativos donde han realizado la formación se les insta a la profundización de las materias o a la práctica de idiomas “para no perder estos meses”, matizan.

El examen consta de 75 preguntas tipo test, algunas de ellas son microcasos prácticos, además, se incluye una parte optativa referente a la especialidad elegida por el alumno. Algunas fuentes protestan: “El modelo de prueba no se supo hasta el pasado mes de marzo”, algo que obligó a los centros de estudios a rehacer temarios y reaccionar rápidamente para preparar a los titulados. “Ha habido una falta total de previsión y de organización”, concluyen los expertos.