La UE sanciona a España con 30 millones de euros por las vacaciones fiscales vascas
El último capítulo del largo contencioso en Bruselas a cuenta de las vacaciones fiscales vascas parece que se escribió el martes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tjue) dictó que España debe pagar 30 millones por el régimen tributario que pusieron en marcha las diputaciones de Álava, Guipuzcoa y Bizkaia para incentivar la inversión empresarial en Euskadi hace más de veinte años, durante la crisis económica que afectaba a España a principios de la década de los noventa (en el País Vasco, con el añadido del terrorismo de ETA).
¿Quién paga y cuánto?
Las respuestas institucionales de ayer adelantan que en Euskadi se ha abierto un conflicto entre las administraciones forales y el Gobierno vasco para determinar cómo se reparte la sanción de la UE. Ricardo Gatzagaetxebarria, consejero de Hacienda del Ejecutivo de Vitoria, señaló que “a día de hoy es apresurado decir a quién le corresponde qué”. Hay que aclarar que en Euskadi son las tres diputaciones las que regulan los tributos y las que recaudan, con lo que tienen un peso importante sobre los presupuestos que maneja el gabinete del lehendakari Iñigo Urkullu.
La sanción de Bruselas determina la “tardanza” en la recuperación de las ayudas a las vacaciones fiscales vascas, tras un procedimiento que en 2001 resolvió su ilegalidad y en 2006 la ratificó, contra las resoluciones planteadas por los entes forales. Así que mientras Gatzagaetxebarria hablaba de una multa “excesiva y desproporcionada”, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, abogaba por el “máximo consenso” entre los entes forales.
Ahí está la clave en el ámbito de las diputaciones, gobernada por partidos diferentes y habitualmente enfrentados. Desde el ente de Álava (en manos del PP), al de Vizcaya (PNV), pasando por el de Guipuzcoa (Bildu). Y de acuerdo con las declaraciones de cada uno, todos devolvieron en plazo las ayudas concedidas a las empresas de su territorio respectivo. El Consejo Vasco de Finanzas (CVF) volverá a ser el punto de encuentro de Gobierno vasco y Diputaciones, en este caso para determinar el reparto del pago de esos 30 millones. De acuerdo con el calendario de este conflicto, unas 300 empresas (no identificadas) tuvieron que devolver más de 500 millones.
Las vacaciones fiscales alentaban inversiones superiores a los 15 millones (que tributaban sólo al 45%) y dejaban sin el impuesto de sociedades a las empresas de nueva creación en sus cuatro primeros años de andadura (precisamente cuando menos resultados se contabilizan). La Rioja, como comunidad limítrofe de Euskadi, denunció este sistema impositivo ante Bruselas por considerar que lesionaba la atracción de inversiones a su comunidad, limítrofe con Euskadi. José Luis Bilbao, diputado general de Bizkaia, ironizó ayer con esta circunstancia. “Pudiera decir a los vizcaínos que no consumieran vinos de Rioja, pero no lo voy a hacer”, dijo. Precisamente las bodegas de Rioja Alavesa son parte de las empresas que están en el ojo del huracán por las vacaciones fiscales vascas, por las inversiones realizadas en sus instalaciones al amparo de la citada normativa foral.
El castigo de Bruselas pudiera haber sido mucho mayor, porque la Comisión Europea había reclamado inicialmente una sanción de importe superior, del entorno de los 64 millones. Pero los magistrados comunitarios fijaron los citados 30 millones al resolver que es el Reino de España el que recibe la multa, aunque la ilegalidad procede de una de sus diecisiete comunidades autónomas. Aún así, es una de las reclamaciones más altas entre las impuestas a un miembro de la UE, sólo equiparable en cantidad a una aplicada a Italia.
La sentencia condena a España por la lentitud en la devolución de las ayudas, entre otro de los argumentos que esgrime. Y se añade a otra anterior, de 20 millones de euros, por las ayudas concedidas al fabricante de menaje Magefesa, que ya ha abandonado su actividad.
Más argumentos para los comicios europeos
La polémica de las vacaciones fiscales vascas alimenta los argumentos de los partidos vascos de cara a los comicios europeos del próximo 25 de mayo. Algo ayuda que cada ente foral esté en manos de una formación distinta. Así, desde Álava (gobernada por el PP) reclaman que el Gobierno vasco asuma el 70% de la sanción y el resto se reparta de acuerdo con los coeficientes de la Ley de Aportaciones (16,6% este territorio, un 30% a cubrir por Gipuzcoa y hasta un 50% por Vizcaya).
Desde Vizcaya, gestionada por el PNV, aducen que cada territorio responda por las ayudas que concedió, mientras que Bildu (Gipuzcoa) habla de “tragedia” para la contribuyentes, (que tendrán que pagar la factura), y los socialistas vascos denuncian la “prepotencia” de PNV y PP, que gobernaban las instituciones que pusieron en marcha las vacaciones fiscales.