Peticiones de los sindicatos para un pacto de Estado

Cómo reindustrializar España en diez pasos

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria (d); el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero (c); y el presidente de Gamesa, Ignacio Martín (i); durante la inauguración en el puerto de Arinaga (Las Palmas de Gran Canaria), del primer aerogenerador offshore instalado en España.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria (d); el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero (c); y el presidente de Gamesa, Ignacio Martín (i); durante la inauguración en el puerto de Arinaga (Las Palmas de Gran Canaria), del primer aerogenerador offshore instalado en España.

El Gobierno quiere un plan para impulsar la industria y cumplir con el objetivo marcado por Europa para que en 2020 el sector industrial suponga el 20% del PIB, desde el 16% que representa ahora. ¿Cómo hacerlo? De momento, los responsables del Ministerio de Industria han abierto un diálogo con patronal y sindicatos para intentar consensuar este plan. Las federaciones de Madera, Construcción y Afines (MCA) y la de Industria de Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT, junto a la federación de Industria de CCOO ya han hecho sus deberes y han enviado al Departamento que dirige José Manuel Soria el decálogo de medidas que proponen para revitalizar el sector. Son estas:

1. Liderazgo del sector público. Los sindicatos creen que la situación de la industria es de “extrema gravedad” y que, por ello, la reindustrialización “debe considerarse prioritariamente como una cuestión de Estado”. Para empezar creen que es imprescindible que “el sector público ejerza el liderazgo en la nueva a puesta por la industria”. Y, consecuentemente, esto requerirá inversión pública, por lo que “resulta ineludible” que el Gobierno español luche en Bruselas porque se “reconsideren los parámetros de cálculo de la cifra de déficit público, dejando fuera del mismo la inversión pública productiva”.

2. Inversión productiva. España necesita un “proyecto definido, al menos para los próximos quince años” exigen los sindicatos. El principal problema al que se enfrenta es la falta de inversión productiva que impulse la productividad relacionada con factores distintos al coste laboral, ya que “competir por precios es una tarea casi imposible”. Esto requiere, según los sindicatos, dos cambios: uno del sistema crediticio para que fluya el crédito:y otro, del tributario, que aumente la capacidad de compra, de consumo y de inversión.

3. Fijar prioridades sectoriales. Estas federaciones creen que el diseño de este plan pasa por crear “políticas sectoriales integradas en un política industrial global”. Creen así que los planes sectorializados se precisan en industrias como la aerospacial, la siderurgia, el naval, la construcción, automoción, material ferroviario, energético, químico, textil, la moda y la piel, entre otras. En estas políticas demandan “la directa participación y seguimiento” del Gobierno, los parlamentos, las administraciones central y autonómica, las empresas y los sindicatos. Y llaman la atención a las comunidades para que hagan políticas “coherentes entre ellas”.

4. Empleo industrial y formación. Los sindicatos ponen el foco en la necesidad de que el empleo que se genere en la industria sea estable, “porque la rotación contractual supone una pérdida permanente de cualificación y del esfuerzo en formación”. Pero rechazan medidas cortoplacistas “porque por mucho que se abarate la contratación indefinida, si el empleo no es estable, el trabajador será igualmente de usar y tirar”. En este sentido, piden que “no se fomenten empleos que no estén avalados por la actividad”. Esto solo será posible teniendo trabajadores formados. Y para ello, CC OO y UGT piden favorecer los convenios de colaboración con las empresas, reforzando el peso de las prácticas dentro de los planes de estudio. Y que las empresas aumenten la oferta de contratos de formación, “evitando su uso como contratación temporal a bajo coste”. Ven imprescindible un Plan Integral de Formación Profesional con continuidad en el tiempo, con un modelo que integre los tres subsistemas de Formación Profesional:ocupacional, continua y reglada. Y reclaman que las empresas y los sindicatos se impliquen en la impartición de esta formación.

5. Cambio de estructura de la PYME. Plantean medidas específicas para empresas de pequeño tamaño orientadas a hacerlas más competitivas y aumentar su tamaño para fomentar su internacionalización. Proponen revisar las ayudas, ventajas, limitaciones o normativas públicas en las que se discrimine positiva o negativamente a las empresas por su tamaño. También piden apoyo fiscal, administrativo y jurídico en la fusión y adquisición de empresas; y asesoramiento en proyectos de innovación. Quieren que el impuesto de sociedades amplíe y mejore los incentivos fiscales que favorezcan una mayor dimensión de las empresas. Y reclaman facilitar la gestión conjunta de actividades (plataformas de compras, delegaciones en el exterior etc.) y la cooperación entre pymes al salir al exterior y buscar nuevos mercados.

6. Política energética. Exigen un “pacto de Estado” sobre el modelo energético que cambie el actual donde “se compite por costes de mercado y no por los costes reales de producción, incluyendo la excesiva fiscalidad en un suministro esencial, lo que requiere cambios urgentes”. Demandan que se asegure el suministro y el acceso al consumo a un “coste razonable y asequible” y para ello reclaman: seguridad jurídica y estabilidad regulatoria; crear un mercado transparente en la formación de precios; y fijar contratos bilaterales a largo plazo en la industria que garanticen la estabilidad del suministro a un precio que permita reducir o sustituir los pagos por el servicio de interrumpibilidad.

7. Investigación e innovación. Piden mayor inversión en I+D+i, sobre todo del lado empresarial. Para el sector privado recomiendan usar el soporte económico del Programa europeo Horizonte 2020 y la mejora de incentivos fiscales. Y a esto añaden su exigencia de aumentar el gasto público de forma que las restricciones presupuestarias no afecten a la competitividad.

8. Internacionalización Consideran que la clave está en definir una estrategia exportadora basada en la productividad, no solo del trabajo sino del capital, a través de procesos de producción más eficientes por su inversión previa en I+D+i. Además, creen que se debe fomentar la exportación a los países emergentes; y coordinar mejor la promoción internacional y evitar la excesiva dispersión geográfica de los mecanismos de financiación existentes para ello. Esto debe ir acompañado de una mejor coordinación entre administraciones. Y creen necesario identificar y eliminar barreras al comercio y crear Plataformas Comerciales en Destino.

9. Sistemas financiero y fiscal. La reforma tributaria debería limitar la compensación de pérdidas y el descuento de deducciones en el impuesto de sociedades; y mejorar la coordinación y amortización europea para evitar las deslocalizaciones por cuestiones fiscales. Y creen que “merece la pena considerar la creación de una banca pública” que se dedique a promover la inversión en sectores estratégicos.

10. Diálogo social. Las peticiones en este terreno incluyen la creación una mesa tripartita (Gobierno, patronal y sindicatos)y un Pacto por la industria, con una vigencia superior a la marcada por las legislaturas; y un modelo de mayor participación sindical en la empresa.

Radiografía del declive sectorial

1. El sector industrial en la zona euro participa con el 19,4% del Valor Añadido Bruto (VAB) sobre el PIB, mientras que España lo hace con el 16,9%. Desde 1970 registra una disminución de la contribución de la industria al PIB, al tiempo que el sector servicios ha ido ganando importancia. En este sentido, la delimitación del sector industrial se ha hecho más complejo, apareciendo la “servindustria”, una serie de servicios imprescindibles para su desarrollo.

2. La última crisis. Entre 2008 y 2012 han desaparecido 31.292 empresas industriales, el 14% del total de empresas perdidas. Además, entre 2008 y 2013, se ha perdido en España el 25% del empleo industrial, con la desaparición de 800.000 puestos de trabajo. Al tiempo, el índice de producción industrial sumaba en 2013 tres años consecutivos de caídas, con una reducción acumulada del 23%.

3. Puntos negros. El 47% de los gastos de I+D de las empresas corresponden a la industria, pero solo el 35% de las empresas poseen ratios de tecnología altos su producción y comercialización.