Editorial

Una economía a velocidad de crucero

Cuando hace un año el Gobierno presentó su programa de estabilidad y crecimiento y las previsiones macroeconómicas que le acompañaban, el horizonte estaba bastante oscuro para la economía española, pese a que se había diluido, casi hasta desaparecer, el fantasma del rescate. Los augurios no eran los mejores y cada previsión estaba atenazada por la precaución, cuando no por el pesimismo. La niebla se había humedecido, pero en absoluto se había levantado del todo. Sin embargo, dado que los esfuerzos de reformas y consolidación fiscal se habían hecho o iniciado con cierta firmeza, bastaron unos meses para confirmar que la actividad empezaba a dar la vuelta, y que solo unos meses después comenzaban a aflorar efectos consistentes en el empleo.

Ahora, un año más tarde, y aunque parezca que lo amanera todo la circunstancia de que la legislatura esté mediada y entremos en capilla electoral para una larga temporada, es cierto que el horizonte ha cambiado. Hay un crecimiento cuasi consolidado, con una tendencia del mercado de trabajo bastante más positiva que lo que las cifras nominales de la encuesta de población activa (EPA) del primer trimestre dicen, y la demanda nacional parece tener ya los motores calientes para multiplicar el crecimiento. De hecho, hasta la banca admite ya que en las cuentas del primer trimestre hay un cambio claro de tendencia en el negocio doméstico, incluso con una inflexión en la tasa de morosidad que hasta ahora no cesaba de subir en paralelo al desempleo.

Las estimaciones presentadas ayer por el Gobierno para el resto de la legislatura, que se prolongan incluso hasta 2017, mejoran todos y cada uno de los augurios, y en algunos casos con resultados sorprendentes, como en el empleo o el desempeño de las cuentas públicas. Aunque las tasas de avance de la producción no son en absoluto exageradas y pueden considerarse hasta modestas (1,2% este año, 1,8% en 2015 y un modesto 2,3% en 2016), sí tendrán un efecto dinamizador importante en el empleo, con avance ya este año en contabilidad nacional, y superando el umbral del 1% en 2014 y 2015. De hecho, el Ejecutivo cree que en los dos años que faltan de legislatura, y una vez entrado en territorio de crecimiento, la ocupación aumentará en 600.000 personas, y el paro descenderá en 800.000. Tal cosa supondría recomponer en la segunda mitad de la legislatura el coste del ajustare de la primera mitad, y devolvería ambas variables a donde el presidente Rajoy las encontró en la Navidad de 2011.

El desempeño esperado se producirá prácticamente sin cambios adicionales en la política económica, con retoques fiscales en IRPF y sociedades y manteniendo con celo el ajuste de las cuentas públicas, que mejorarán en 2014 y 2015 las exigencias de Bruselas en unas décimas. Todo queda fiado al trantrán de la maquinaria que las reformas ya aplicadas han movilizado y a la mejora de la financiación del Estado, la banca y los negocios, que han alcanzado valores camino del óptimo, con unos diferenciales con Alemania de 150 puntos básicos. Nadie puede negarle al Ejecutivo esfuerzos y medidas dolorosas para haber llevado la economía hasta el punto en el que está, por dramáticos que sean todavía los datos del desempleo. Pero nadie puede dejar de demandarle esfuerzos adicionales para acelerar el marchamo de las variables, por mucho que las del mercado de trabajo sean las más favorecidas de sus últimas estimaciones.

La apuesta nacional por el crecimiento y el empleo no admite duda alguna. Pero el Gobierno parece haber entrado, con el clima preelectoral tan dilatado, en el territorio de la cautela política en el que las decisiones no tienen el calado que deberían tener para incrementar el crecimiento potencial. La reforma fiscal tendente a devolver renta y capacidad de consumo a la demanda de particulares y empresas debe ser más intensa, dado que el crecimiento parece generar margen para extremar la consolidación fiscal, y en paralelo deberían repasarse todos los gastos por si alguno de los estructurales fuere revisable.

Y, desde luego, no debe destensarse la intención reformista, puesto que las ganancias de competitividad y la llegada de nuevas inversiones solo se mantendrán si la española es una economía comparativamente más atractiva que las que se mueven alrededor y que compiten por los mismos espacios.