El Congreso convalida el pacto tras 16 horas de debate

Argentina da luz verde al acuerdo con Repsol por la expropiación de YPF

El diputado oficialista Martín Insaurralde participa el el proyecto de ratificación del acuerdo de compensación a la petrolera española Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF
El diputado oficialista Martín Insaurralde participa el el proyecto de ratificación del acuerdo de compensación a la petrolera española Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF EFE

Tras más de 16 horas de debate, el acuerdo de compensación a la petrolera española Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF ha recibido luz verde del Parlamento en la  madrugada del jueves, con 135 votos a favor -del partido gobernante Frente para la Victoria y sus aliados-, 59 en contra y 42 abstenciones, del Frente Renovador que lidera el exjefe de Gabinete, Sergio Massa, y de la conservadora Propuesta Republicana, encabezada por el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri.

Aprobado previamente por el Senado argentino y por el Consejo de Administración de Repsol, el convenio implica el pago de 5.000 millones de dólares a Repsol mediante un esquema de bonos con vencimientos entre 2017 y 2033 y tasas de interés que oscilan entre el 7 % y el 8,75 %.

Para afrontar el pago, Argentina lanzará una emisión de deuda pública por hasta 6.000 millones de dólares, que incluirá los 5.000 millones de dólares que se entregarán a la petrolera española más otros 1.000 millones para cubrir la suma acordada en caso de que los títulos coticen en el mercado por debajo de su valor nominal.

La convalidación del acuerdo por el Parlamento argentino y su promulgación como ley figuraba entre las condiciones del acuerdo, que implica, por parte de Repsol, la retirada de las demandas contra Argentina interpuestas en tribunales internacionales.

El Gobierno argentino defiende que la compensación es justa y conviene al país porque permitirá que YPF, libre de litigios con Repsol, consiga atraer inversiones para su ambicioso plan de exploración y explotación, con desembolsos por 7.000 millones de dólares anuales proyectados para el período 2013-2017.

La oposición, por el contrario, cuestiona los términos del acuerdo con la petrolera española y critica la política energética del Gobierno de Cristina Fernández.

El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, subrayó que el acuerdo abre la posibilidad “de acceso al mercado de capitales para potenciar las inversiones privadas”.

Durante el debate parlamentario, el krichnerista Mario Metaza aseguró que el pacto es “tremendamente beneficioso”, un “acuerdo amigable” sin “vencedores ni vencidos”, que “cierra el círculo” abierto con la expropiación y crea “un clima favorable de inversión”.

Desde la oposición, la diputada Elisa Carrió, de la Coalición Cívica (centro), fue una de las más críticas contra el Ejecutivo y denunció que en el caso YPF hubo “una “asociación ilícita entre españoles y argentinos” y que el acuerdo constituye “un regalo de 5.000 millones de dólares pagados por el pueblo para que les cierre el negocio financiero a los españoles”.

“La mayor empresa de América fue entregada y vaciada con la complicidad de las autoridades argentinas”, insistió Carrió.

Federico Pinedo, del PRO, justificó su abstención “para que Argentina no quede como un país que no cumple con sus obligaciones”, aunque consideró que el acuerdo constituye “una amnistía a Repsol por los daños ambientales”.

Para Gilberto Alegre, del Frente Renovador, “arreglar con Repsol es necesario y conveniente. El que expropia debe pagar. Argentina debe volver al mundo y arreglar la situación con los acreedores externos”.

Claudio Lozano, de Unidad Popular (izquierda), califico el convenio como un “premio para una empresa que dilapidó los recursos energéticos” que responde a un “giro a la ortodoxia” del Gobierno que “ratifica que las empresas extranjeras vienen y se van ganando de Argentina”.

El diputado y ex ministro de Economía Martín Lousteau, de Unen (centroizquierda), opinó que “hay severos indicios de que están sobrestimado” de valor la compensación y que se pagará “un capital a una tasa altísima”.

Ante las críticas opositoras, la kirchnerista Juliana Di Tullio admitió que “vimos con asombro que quienes nos acompañaron en esta decisión estratégica de la presidenta de volver a tener el 51 % de las acciones en manos del Estado argentino, hagan verdaderas peripecias para oponerse a un acuerdo que creemos a todas luces que es bueno para la Argentina”.

YPF está bajo control del Estado argentino desde mayo de 2012, cuando el Parlamento aprobó la expropiación del 51 % de las acciones de la petrolera a la española Repsol, que mantiene una participación del 12 % en la mayor productora de hidrocarburos del país.

La petrolera argentina registró el año pasado un beneficio neto de 5.681 millones de pesos (más de 514 millones de euros), con un alza interanual del 45,6 %.