Gestión de los recursos naturales

¿Quién es el propietario del medio ambiente?

New Economics Foundation insta a un marco claro de gestión de los recursos

Barcos de pesca en Galicia.
Barcos de pesca en Galicia.

Los recursos naturales se percibían hasta hace bien poco como ilimitados, de forma que podía resultar una cuestión menor decidir si su gestión debía ser pública, privada o guiarse por un modelo a caballo entre ambos. Pero el aumento de la demanda de los servicios que ofrecen los ecosistemas desde los años ochenta ya ha superado su capacidad de regeneración. Ante ese panorama, “se hace necesario plantearse qué tipo de propiedad debe gestionar los recursos naturales escasos”. Es lo que plantea el think tank británico New Economics Foundation en su informe Modelos de propiedad para un gobierno sostenible de los recursos naturales, realizado en noviembre de 2013.

En el documento, este organismo avanza que “mientras tenemos mucha experiencia y conocimiento sobre cómo aprovechar al máximo económicamente los ecosistemas, sabemos muy poco de cómo gestionarlos desde las instituciones”. Ya sea privado, público o mixto, establecer un modelo de gestión claro se hace imprescindible ante su encogimiento generalizado. En el texto, el think tank analiza 11 casos, desde las cuotas individuales de pesca de Dinamarca, una especie de privatización de esta actividad, hasta la cofradía gallega de pescadores de Lira, en los que desgrana aciertos y errores sobre cómo se está abordando esa gestión.

Las cifras

21
kilómetros de reserva marina impulsó la cofradía de pescadores de Lira, en Galicia, en el año 2000 para proteger los recursos.

11
casos analiza la New Economics Foundation en su estudio, en el que desgrana el éxito y fracaso de la gestión pública y privada.

1980
fue el año a partir del cual se disparó la industrialización de los recursos naturales, amenazando su recuperación.

El caso danés ha funcionado, según plasma el documento, al otorgar cuotas de pesca individuales a los pescadores, un modelo al que Dinamarca llegó después de haber probado varias vías para luchar contra la sobrepesca. En este esquema, el Gobierno mantiene la propiedad del stock, pero las capturas pertenecen a los pescadores. Estas cuotas no tienen fecha de caducidad pero son revisables cada ocho años. “Los principales beneficiarios en este modelo son los pescadores, al disponer de cuotas sin cargos financieros adicionales”, reza el informe.

A caballo entre la propiedad pública y privada, este organismo destaca el caso de la cofradía de Lira, con entidad jurídica propia, por la que los pescadores decidieron cerrar parte de la zona de pesca para crear una reserva marina. La medida empezó a fraguarse en el año 2000, pero el hundimiento del Prestige en 2002 fue el pistoletazo de salida, ante la escasez de faena, para proteger los recursos del fuel y asegurarse un stock que durara más en el tiempo.

El problema de Los Miñarzos, que arrancó en el año 2007 con un área protegida de 21 kilómetros y atentos vigilantes contratados para luchar contra la pesca furtiva, es que la crisis se cruzó por el camino. “El contrato de vigilancia, que expiraba en 2011, se habría renovado, pero los recortes presupuestarios llevaron al Gobierno local a recortar a la mitad el número de estos empleos. Desde entonces, la eficacia de los sistemas de vigilancia se ha reducido drásticamente, mientras la pesca furtiva ha vuelto a crecer”, concluye el documento.

Los bosques de la República Dominicana y Haití, la Amazonía brasileña o la pesca de Islandia son otros casos analizados, tan diversos que este organismo cierra en tablas. “Ninguno de estos modelos es la panacea, aunque una fuerte gestión pública es la mejor para aquellos recursos en una amplia zona geográfica”.

Un bien público sí, pero cada vez más escaso

Ya se trate de reservas de peces, de bosques tropicales o de la atmósfera, los ecosistemas “han sido históricamente tratados como bienes públicos que da la naturaleza, pero su degradación y excesiva extracción indican que deberían empezar a tratarse como bienes públicos disponibles”, avanza el think tank británico. El matiz es que sin saber de cuántos recursos se dispone, resulta imposible marcar una política para conservarlos y a la vez seguir sirviéndose de ellos. Para la New Economics Foundation, la merma de recursos naturales que ha provocado la industrialización debería obligar a fijar cuáles están en peligro y considerarlos bienes públicos disponibles sobre los que decidir un modelo de gestión adecuado.

En su estudio, este organismo resta eficacia a los esquemas privados, porque en mayor o menor medida “hacen que el recurso sea vulnerable debido a intereses concretos de sus propietarios”.
Sobre la gestión pública, aunque en ocasiones se considere la menos eficaz desde un punto de vista económico al depender de un Gobierno central, este “podría ser el único capaz de vigilar la protección del medio ambiente”.

La tercera vía, o sea, un modelo de propiedad en manos de una comunidad, “solo será eficaz si estas estructuras jurídicas son lo suficientemente grandes como para influir en la evolución de los recursos. Si no, fracasarán tan pronto como estos excedan su capacidad de gestión institucional”.