Francia mete mano, al fin, al gasto público
La crisis de la deuda soberana europea en la que derivó el desbarajuste financiero de los últimos años no ha concluido, por mucho que se empeñen los analistas en apuntar a tal posibilidad por el simple hecho de que países tan castigados y estigmatizados como Grecia hayan vuelto con éxito a vender una emisión en un mercado desconfiado. La actitud del Banco Central Europeo en la defensa de la divisa desde el verano de 2012, junto con la política decidida de control del gasto de las dos grandes economías sureñas apuntadas por los inversores, España e Italia, han recompuesto la situación y han devuelto la calma a las plazas bursátiles y de deuda de la eurozona. Pero las suspicacias sobre Francia no han cesado en ningún momento, tanto por la pasividad de sus Gobiernos para reducir el déficit fiscal como por la resistencia tradicional a hacer reformas que proporcionen más poder a los mercados en la formación de precios y eleven el crecimiento.
La llegada al Elíseo del socialista François Hollande y sus expectativas de cambio se agotaron pronto, tanto por la timidez de las reformas como por inclinar la carga de la prueba en las subidas de impuestos para reequilibrar las cuentas públicas. La fuerte presión de Alemania, utilizando en muchas ocasiones intermediarios en el seno de las instituciones económicas comunitarias, no han logrado remover la posición de París. Pero ahora, tras el correctivo electoral sufrido en las elecciones municipales y el obligado cambio de Gobierno hacia el más liberal de los poco liberales socialistas franceses, París empieza a corregir su posición. Ha llegado la hora de meter mano al gasto público, la variable más sagrada de la política francesa, para poder alcanzar los objetivos fiscales, y para proporcionar espacio suficiente a una bajada de cotizaciones empresariales que estimule la contratación.
El primer ministro Manuel Valls ha sido explícito, con una frase que se ha oído mucho en Europa: “No podemos vivir por encima de nuestras posibilidades”. La congelación de los sueldos de los funcionarios y de las pensiones hasta finales de 2015, así como las correcciones en el gasto sanitario y prestaciones familiares o el recorte de plantillas públicas son necesarios “para cumplir con nuestros compromisos; no lo hacemos porque nos lo imponga Europa ni por ortodoxia, sino porque es la base de la credibilidad y de la confianza, la base de nuestra soberanía”.
Las decisiones anunciadas ayer en París despejan una de las dudas latentes sobre la sostenibilidad de la deuda en Europa (Francia supera ya el 90% del PIB) y, con ella, del euro, y facilita el trabajo a un BCE que ha puesto en marcha instrumentos para garantizar la sostenibilidad fiscal. Abrirá también el camino al crecimiento que, por encima del temor a la deflación, es la primera preocupación económica en Europa.