Economía aumentará un 10% la plantilla de inspectores de seguros

Pilar Gonzalez de Frutos, presidenta de Unespa, junto con Flavia Rodriguez-Ponga, directora general de Seguros y Fondos de Pensiones.

La entrada en vigor de la nueva regulación internacional sobre requerimientos de capital en el sector asegurador, prevista para el 1 de enero de 2016, va a suponer un tsunami normativo para la industria, pero también para los inspectores.

Los funcionarios de la Dirección General de Seguros (DGS) encargados de supervisar al sector – el Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado– llevan años quejándose de la falta de medios para desarrollar sus funciones.

Recientemente, la asociación que representa a este colectivo, Apise, se reunió con sus superiores y con la patronal del sector, Unespa, para reclamar más recursos humanos y materiales para hacer frente al desafío regulatorio.

Después de varios años de batallas, ayer por fin los supervisores vieron sus demandas parcialmente satisfechas con la publicación el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la oferta de empleo público, en la que se recogen ocho nuevas plazas de supervisores de seguros, lo que supone incrementar la plantilla de este cuerpo en cerca de un 10%, dado que actualmente trabajan en la DGS alrededor de 90 supervisores.

Además, el Ministerio de Economía, del cual depende la DGS, también ha aprobado cuatro plazas de promoción interna, con lo que se ofrecerán algunas perspectivas de mejora en la carrera profesional de los actuales supervisores.

En una carta abierta hecha pública hace unas semanas, el colectivo de inspectores había denunciado que “el problema de la falta de recursos suficientes en la DGS para llevar a cabo una supervisión efectiva se ha visto agravado en los últimos meses por una alarmante huida de inspectores”.

Fuga de inspectores de seguros

De acuerdo con fuentes cercanas a esta asociación, en los dos últimos años el supervisor ha ido perdiendo entre 15 y 20 inspectores, que han optado por dar el salto “a la empresa privada, a organismos internacionales o a otros organismos dentro de la propia Administración General del Estado”. Uno de los factores que habría agravado esta fuga de personal es “la paralización absoluta de la carrera profesional”.

Desde Apise también se recordaba que los gastos de personal previstos para este colectivo durante los últimos años se habían ido reduciendo. Esta caída en la asignación presupuestaria, seguía la carta de Apise, “contrasta con los incrementos en gastos de personal en otros servicios dentro del propio Ministerio de Economía y Competitividad y acrecienta la brecha con respecto a los otros supervisores financieros (Banco de España y CNMV)”.

Desde el colectivo de funcionarios también han querido dejar claro que en sus demandas nunca han pretendido obtener mejoras salariales, pero sí una mayor facilidad para la promoción profesional dentro del cuerpo.

Otra de las demandas históricas de los supervisores es que se conceda un estatuto independiente a la DGS, tal y como sucede con el Banco de España y con la inspección del sector asegurador en la mayoría de países.

Respaldo desde el sector asegurador

Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa –la patronal del sector asegurador– ha respaldado a los inspectores en sus pretensiones. Hace dos semanas se renunió con la presidenta de Apise (la asociación profesional de inspectores de seguros), Eva María Lidón, a quien trasladó su preocupación por la escasez de medios con que trabajan este cuerpo funcionarial.

“En un momento como este, en el que hay en marcha una profunda renovación regulatoria en la que se conceden nuevos poderes a los supervisores y a partir de la cual se aplicará una nueva forma de ejercer la supervisión, resulta estratégico para Unespa que el supervisor disponga de los medios suficientes para ejercer su labor con la misma agilidad y calidad que los demás supervisores de Europa”, explica González de Frutos.