Editorial

Adiós al viejo modelo de la vivienda social

La radiografía de la ejecución del plan cuatrienal de vivienda 2009-2012 permite analizar la caída libre que a lo largo de ese periodo han experimentado las actuaciones para viviendas de protección oficial (VPO). Una severa decadencia que se ha visto coronada por la promulgación del plan actual de vivienda 2013-2016, en el que no se contempla ya ninguna ayuda para edificar más pisos sociales en régimen de compra. En solo dos años, el número de actuaciones de VPO de nueva construcción se redujeron más de un 82% al pasar de algo más de 43.000 en 2010 hasta 7.483 en 2012. Los escasos inmuebles de protección oficial que todavía se sigan construyendo deberán estar destinados a alquiler.

Ambas circunstancias –los efectos de la crisis económica sobre este modelo de acceso a la vivienda y el cambio de estrategia del Ministerio de Fomento en esta materia– han dado el golpe de gracia a una política social a la que la que la realidad del mercado inmobiliario ha puesto punto y final antes que el propio Gobierno. A la desaparición de las ayudas públicas se ha adelantado la severa restricción del crédito bancario, especialmente acusado en un segmento muy vulnerable a las situaciones de insolvencia. Otra circunstancia que explica la muerte del modelo VPO pasa por la existencia de un ingente stock de viviendas nuevas en España sin vender ni alquilar a las que el Ejecutivo pretende dar salida y que, en algunos casos, podrían comercializarse bajo este estatus. Todo ello sin perder de vista el hecho de que la regla de austeridad en materia fiscal ha mermado considerablemente el gasto en políticas sociales.

Si la caída libre de las actuaciones en VPO en régimen de vivienda no resulta ningún enigma a la luz de todas esas circunstancias, no ocurre lo mismo en el caso de las ayudas al alquiler. Aunque Fomento asegura que los arrendamientos constituyen el nuevo eje de su política de vivienda, este tipo de ayudas han descendido también casi un 75%. Pese a ello, desde el ministerio se mantiene que está previsto triplicar el volumen de beneficiarios hasta llegar a las 200.000, además de apostar también por la rehabilitación de inmuebles.

La caída de las VPO en régimen de propiedad y la apuesta por el alquiler y la rehabilitación se adecuan de un modo mucho más realista a las limitaciones presupuestarias que la crisis económica ha implantado no solo en el sector público, sino en el conjunto de nuestra economía. Es cierto que el arrendamiento constituye una opción culturalmente ajena a la tradición socioeconómica española, pero también lo es que esa tradición se ha visto brutalmente alterada como resultado de la recesión. Todo ello hace necesario que el objetivo del Gobierno de impulsar los alquileres se consolide cuanto antes y que la VPO en propiedad de paso al arrendamiento social.