El peligro de que todo siga igual

Existe un debate abierto sobre quién gana o quién pierde con la reforma fiscal, si es equitativa o no, si la subida del IVA será compensada con la bajada del IRPF, pero hay total acuerdo en la importancia del fraude fiscal. Cuestión distinta es creer que se pueda reducir ya que, en ese caso, probablemente no serían necesarias subidas impositivas. Y es que una economía sumergida del 20% del PIB supondría unos 75.000 millones de euros que se dejan de ingresar. No vamos a ser demagogos planteando la recuperación de semejante cifra, algo imposible, pero si se tomaran medidas oportunas se podrían recuperar al menos 10.000 millones, no haciendo necesario una subida del IVA.

Por ello no deja de sorprender que el informe, a pesar de calificar el fraude y elusión fiscal como uno de los problemas más importantes a resolver en la reforma, sólo dedique 11 de sus 125 medidas a su corrección, limitándose a plantear una visión general del problema y sin proponer reformas organizativas ni procedimentales. Por muy bien construido que esté un sistema tributario, si falla la organización para aplicarlo, o los procedimientos para exigir los impuestos permiten resquicios que puedan ser aprovechados por los defraudadores, el nuevo sistema nacerá viciado, será insuficiente, injusto y fomentará la competencia desleal de los empresarios que no pagan, provocando la reducción de los servicios públicos.

El informe propone articular la lucha contra el fraude en un doble ámbito: preventivo y represor. En el plano preventivo se recomienda una política de difusión orientada a convencer al contribuyente del necesario equilibrio entre impuestos y servicios públicos, y de que los impuestos gravan auténticas capacidades económicas. Comparto ambos criterios, y por ello rechazo la tributación en el IRPF de la renta imputada de la vivienda habitual, ya que al contribuyente le cuesta entender que deba pagar por disfrutar de su propia vivienda en el IRPF si ya paga el IBI, y más cuando la ha comprado con cargo a rentas que ya han tributado en dicho impuesto.

Las medidas “represoras” proponen mejorar los medios humanos y materiales de la administración tributaria, reducir los costes indirectos de los impuestos y atenuar la progresividad. Se postulan las sanciones por su ejemplaridad y no con finalidad recaudatoria. Con todo ello estoy de acuerdo. Pero la comisión de expertos olvida que la sanción más dura, la penal, actualmente no es ejemplarizante, por la posibilidad que tiene el delincuente fiscal de eludir la cárcel simplemente pagando, como hemos visto recientemente en casos muy mediáticos relacionados con el mundo del fútbol.

El informe solo dedica 11 de sus 125 medidas a la corrección del fraude y la elusión fiscal

Sobre fraude en el IRPF y en el IVA, se propone instaurar un método de control patrimonial y un sistema de control cruzado de facturas. Esta petición me causa estupor porque estos son los métodos que lleva utilizando la inspección desde siempre. Por otra parte, si se pretende reforzar el control patrimonial no parece tener sentido que desaparezca el impuesto sobre el patrimonio, como propone en otro apartado la “Comisión Lagares”. El informe apuesta, como siempre hemos defendido los Inspectores de Hacienda, por la desaparición del sistema de módulos en IRPF e IVA, ya que posibilita la emisión de facturas falsas que benefician al destinatario, pero no penalizan al emisor. Sin embargo, no comparto la propuesta de obligar a declarar a los que obtienen pocas rentas, quitando los límites mínimos para declarar. Ello tendrá pocos efectos porque el mayor fraude no está en los pequeños contribuyentes y, además aumentará los costes indirectos del impuesto, que es lo contrario a lo que el propio informe propone. También desecha potenciar la denuncia ciudadana, ignorando que el fraude es cosa de todos, y que denunciar al que con su defraudación nos roba a todos supone el ejercicio de un deber cívico, digno de recompensa.

El comité de sabios propone realizar sorteos entre las personas que entreguen a Hacienda facturas procedentes de compras a empresarios que luego se utilizarían para comprobar a estos comerciantes, y rechaza la posibilidad de permitir deducir en el IRPF los gastos de servicio doméstico y de pequeñas reparaciones en el hogar, al considerarlo un incentivo caro. La medida de los sorteos es pintoresca, va en la dirección correcta pero es poco práctica. Por el contrario, es acertada la deducción de gastos dentro del hogar, a los que añadiría los gastos pagados a ciertas profesionales, como las vinculadas a la medicina, a cambio de poner en conocimiento de Hacienda dichas prestaciones. El coste de la medida se compensará con mayores cotizaciones a la SS, reducción del empleo sumergido, mayores ingresos por retenciones y en las declaraciones de IRPF e IVA, y en otros sectores cuyo control es casi imposible de otra manera y en los que hay un fraude abrumador. Sería una medida muy eficaz para regularizar economía sumergida.

En el informe echo de menos medidas de lucha contra la economía sumergida y la planificación fiscal agresiva

En el informe echo de menos medidas de lucha contra la economía sumergida, ilegal y la planificación fiscal agresiva, tanto a pequeño como a gran nivel. Me faltan cláusulas antielusión en el impuesto sobre sociedades que evite la elusión de la multinacionales. No se habla de paraísos fiscales, de publicar listas de grandes defraudadores y morosos, del régimen de las Sicav que provoca alarma social; no se plantean medidas contra los defraudadores profesionales, tampoco la posibilidad de trabajar de incógnito o de pagar a confidentes en las grandes operaciones de fraude. No se habla de crear una policía fiscal, ni de la reforma de las operaciones vinculadas, o de profundizar en el uso de las nuevas tecnologías para controlar mejor con menos molestias.

Inspectores de Hacienda del estado ultiman un verdadero proyecto de reforma tributaria en clave fraude, que incluye también medidas organizativas en la AEAT y reformas en los procedimientos tributarios y aduaneros. Es necesario legislar para recaudar con equidad, pero también para asegurar que los contribuyentes cumplen. El “Informe Lagares” nos abre la boca y vislumbra el problema del fraude, incluso lo califica de “prioridad ineludible”, pero apenas contempla medidas para atajarlo. Y sin medidas antifraude se corre el peligro de reformar todo el sistema tributario para que todo siga igual.

Julio Ransés Pérez Boga es presidente de Inspectores de Hacienda del Estado