DNV dice que la instalación es “apta” para funcionar

La auditora del almacén Castor verifica un coste de 1.461 millones

Esta sería la inversión "remunerable" para la operadora

El ministerio, que exigió nuevas valoraciones, guarda silencio

Plataforma del almacén submarino de gas Castor, frente a Vinaros (Castellón).
Plataforma del almacén submarino de gas Castor, frente a Vinaros (Castellón). Reuters

Det Norske Veritas (DNV), la firma designada por el Ministerio de Industria para realizar la auditoría técnica y financiera de Castor, el almacén subterráneo de gas cuya puesta en marcha se paralizó tras los terremotos ocurridos frente a las costas de Castellón, ha verificado en un informe de 500 páginas que la inversión realizada en esta infraestructura ha sido de 1.461,4 millones de euros. Una cifra en línea con la presentada por la empresa promotora del proyecto, Escal UGS, en la que participan ACS, con un 66,67% y la canadiense CLP, con el 33,33% restante. La fuerte desviación sobre el presupuesto inicial de esta infraestructura desató la polémica incluso antes de los problemas sísmicos.  

El informe, sufragado por Escal y Enagás, fue entregado al ministerio el 21 de octubre y, aunque el contrato establecía un plazo de siete días para que aquel pudiera hacer sus comentarios y reconocerle una remuneración en 2013, los movimientos sísmicos que se produjeron en esas fechas coincidiendo con la primera inyección de gas colchón en la planta, retrasaron varias semanas la respuesta. Industria exigió  nuevos datos a DNV antes de dar el visto bueno a una auditoría que serviría para establecer “la inversión remunerable” al operador.

Esta firma noruega, que ha auditado cientos de instalaciones en el Mar del Norte, encargó una nueva valoración a otra auditora inglesa, que llegó a la misma conclusión, según fuentes conocedoras del proceso. Tras muchas discusiones con el departamento que dirige José Manuel Soria, que hizo sus últimas precisiones por escrito a principios de enero, DNV entregó la auditoría definitiva el pasado 17 de enero, tanto al ministerio como a Escal, quien ha puesto la auditoría a disposición de sus bonistas.

En ella, DNV, considera que Castor “es técnicamente apto para el almacenamiento y la entrega de gas; su diseño es el adecuado; su ingeniería es segura y se ha realizado con los parámetros y normas europeas”. Por otro lado, añade que “Escal ha actuado con prudencia en cuanto a la geo-mecánica, una cuestión relevante en el almacenamiento de gas y la posible sismicidad inducida” y sus especialistas han seguido las pautas del Instituto Nacional de Geología. Además, subraya el informe, el coste de 1.461 millones de euros (que no incluye intereses) es inferior a los proyectos equivalentes que se han construido en otros países (poer ejemplo, el coste en el Mar del Norte se sitúa en 1.642 milones).

La pelota está ahora en manos del Ministerio de Industria, cuya Dirección General de Política Energética y Minas, previo informe del Gestor Técnico del Sistema (Enagás) y de la CNMC, deberá publicar una resolución aceptando la auditoría, lo que daría derecho a Escal a recibir una retribución, al margen de su entrada en funcionamiento. De hecho, esta compañía devenga remuneración desde julio de 2012.

Sin embargo, el Ministerio de Industria no parece dispuesto a dar ningún paso, de hecho, aseguran fuentes del sector, no ha solicitado informe alguno sobre la auditoría ni a Enagás ni a la CNMC. En recientes declaraciones, Soria aseguró que había “solicitado información adicional, pues aún no tenemos elementos de juicio”.

En paralelo a este proceso, Industria sigue investigando la relación entre la inyección de gas en Castor y los terremotos y ha dejado claro que “si no hay seguridad cien por cien no arrancará”.

 

Una instalación que marcará la reforma del gas

El pasado martes, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, dio el pistoletazo de salida a la reforma del gas con la reunión que mantuvo con los protagonistas y afectados por el futuro mercado secundario (el denominado hub), una iniciativa que no acaba de arrancar (por la oposición de las operadoras, según ciertas fuentes) y cuya regulación se abordará en el nuevo paquete de reformas. En ella participaron el Gestor Técnico del Sistema (Enagás); la patronal Sedigas;Iberian Gas Hub (que promueven el gobierno vasco, Kutxabank y Enagás) y varias comercializadoras. En el encuentro se estableció un calendario de reunines para que las partes hagan sus propuestas.

Aunque hay quien considera el desarrollo del hub, la cuestión más importante de la reforma, en paralelo el ministerio abordará una serie de recortes para poner fin al déficit de los peajes del gas, unos 700 millones de euros este año, que nada tienen que ver el acumulado en el sistema eléctrico. En principio, este desfase no debería acarrear muchos problemas, y podría resolverse con un recorte de la retribución de las actividades reguladas y una subida de los peajes.

Sin embargo, todo va a depender de la solución que se dé a Castor, una infraestructura que costaría al sistema si se reconoce su inversión, unos 200 millones al año, tanto si entra en funcionamiento como si no, aunque en el primer caso recibiría, lógicamente, ingresos. Enagás tiene una opción de compra sobre la mitad de la participación de ACS (el 66,67%) en el momento en que lograse el acta de puesta en marcha. Algo que no está claro y que Soria parece dispuesto a dilatar lo más posible. El contrato, además, no establece plazos.