Los faros se convertirán en lujosos restaurantes y hoteles
De rudos faros para vigilar la navegación marítima a finísimos hoteles y restaurantes en medio de penínsulas que se rompen en el mar. Esa es la conversión que planea Puertos del Estado para las 187 torres que están bajo su dominio, y que arrancaría a finales de este año.
José Llorca, presidente de Puertos del Estado, aseguró este jueves que la entidad, dependiente del Ministerio de Fomento, ha avanzado en el proyecto de concesión de los faros a operadores privados.
Los que más atención se han llevado son los de las Islas Baleares, donde ya funcionan concesiones como las del faro de Formentor, en un cabo alejado del resto de la isla Mallorca por una carretera zigzagueante de 18 kilómetros. Según Europa Press, 17 compañías han mostrado su interés de participar en el negocio.
“Las empresas interesadas en convertir los faros en hoteles están analizando las infraestructuras e informándose sobre ellas”, insistió Llorca.
Sin adelantar cuál del centenar de torres que custodia ni con qué compañía las negociaciones están más avanzadas, el funcionario previó que a fin de año estará al menos uno adjudicado aunque no sabe si para entonces podrá estar operando.
La única infraestructura que no está en juego es el milenario Faro de Hércules, en La Coruña, aún en funcionamiento.
El modelo de negocio
El plan del gobierno es que las compañías puedan ocupar los faros hasta por 35 años y reducir con eso la carga que le supone al Estado su mantenimiento.
El compromiso, dijo Fomento en diciembre, es que las empresas adjudicatarias devuelvan las torres tal cual se le hayan sido entregadas, por lo que en las negociaciones el gobierno ha restringido la posibilidad de que se le puedan hacer cambios.
La otra condición, aseguró en diciembre TVE, es que en los faros en los que haya fareros se aplique un modelo de cohabitación o, en la imposibilidad de convivencia, se les consiga traslado. Según el gobierno, 55 de los 187 tienen inquilinos, la mayoría trabajadores de puertos cercanos.
Según Llorca, al negocio se le aplicará la ley portuaria, que permite que los proyectos hoteleros no pasen por una licitación de concurso público sino con la fórmula de solicitud-concesión.
Las peticiones pasarán primero por la revisión del ayuntamiento en el que se ubique el faro, y luego pasará al Consejo de Ministros.