Ingenieros, si se quiere se puede
Llevamos dos años solicitándole al Gobierno que legislara urgentemente para solventar la problemática de la falta de equiparación de los títulos de Ingeniero, de 5 o más años de duración, habilitantes para el ejercicio de profesión regulada, obtenidos con anterioridad a la implantación del Plan Bolonia, al Marco Europeo de Cualificaciones (EQF).
Hace dos semanas el ministro Wert anunciaba en el Congreso de los Diputados la inminente presentación de un real decreto para solventar esta problemática. Sin embargo, en cuanto conocimos el texto del proyecto de real decreto, algunos nos vimos obligados a alzar nuestra voz para advertir que éste, no solo no solucionaba el problema planteado, sino que, además, creaba otros.
Desde hace un año España viene incumpliendo el compromiso, adquirido con la Unión Europea en 2008, de equiparar su Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (Meces) con el Europeo (EQF), siendo el último de los grandes países europeos pendiente de hacerlo. Situación de la que ha sido advertido el Gobierno hasta, al menos, en dos ocasiones por el Consejo de Estado. La respuesta que obteníamos del Gobierno, quienes veníamos demandando una solución urgente, era que se trataba de un tema de gran complejidad que precisaba ser abordado en su integridad y sin soluciones particulares.
El real decreto para la equiparación implanta un procedimiento con sondeos, encuestas, estudios e informes
Pero el problema del real decreto elaborado es que no solo ni referencia, ni adquiere compromiso alguno, en la cuestión de dicha equiparación europea, sino que para la propia equiparación nacional de nuestros títulos implanta un procedimiento con “sondeos”, “encuestas de opinión”, “estudios e informes”, “informes preceptivos y determinantes de la ANECA, del Servicio Jurídico del Ministerio, del Consejo de Universidades”, “trámites de información pública”, “medios o cauces de participación ciudadana”. Lo que a nadie se le escapa como un proceso largo, farragoso y, además, innecesario. Y prueba de ello es que, hace 15 años, nada más iniciarse el Proceso de Bolonia, nuestros vecinos franceses, con una sola línea en el Décret n°99-747 du 30 août 1999, establecieron la correspondencia de los títulos de Ingeniero con el nivel de máster. A la vista queda que, poderse, se puede y con “reglas simples”.
La también unánime oposición al real decreto, expresada en el Consejo de Universidades por los rectores, llevó a la Secretaria de Estado a justificar el procedimiento en la existencia de peticiones contradictorias de Colegios Profesionales. Lo que no puede resultar ilógico analizando otra de las cuestiones contempladas en este real decreto.
Éste contempla otorgar automáticamente el nivel de grado, que en España hoy requiere cursar cuatro años de estudio, a quienes realizaron estudios de diplomado, arquitecto técnico o ingeniero técnico, que tan solo cursaron tres. Hay quienes creemos que eso significa regalar un año no cursado, y un nivel académico, sin contraprestación de esfuerzo alguno. Desconocemos quién y cómo va a explicar a los alumnos, actualmente matriculados en grados, que un año de su formación académica debe ser innecesario, por cuanto, por real decreto, éste puede ser regalado a quienes no lo han cursado. Por no hablar de quienes con esfuerzo, intelectual y también económico, han superado ya en una universidad ese año adicional complementario, encontrándose ahora con que hubieran obtenido el mismo reconocimiento sin necesidad de esfuerzo alguno. Entre algunos colectivos de Ingeniería Técnica hay opiniones distintas. Desde la del presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, quien ha llegado a pedir que una carrera universitaria pueda ser íntegramente convalidada en base a experiencia profesional, hasta la del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, que han expresado su desacuerdo con el real decreto por, entre otras razones, parecerle injusto ante la existencia de muchos miembros de su colectivo que han requerido pasar por la universidad para obtener el grado.
Resulta paradójico que fuéramos obligados a adoptar un sistema con un grado de cuatro años
Los gobernantes del momento hicieron creer a la sociedad española que Bolonia requería una completa reestructuración de las carreras universitarias para converger con Europa, adoptándose la decisión en el año 2007, porque algunos decían que en Europa era así, de que los nuevos grados fueran de cuatro años. Años más tarde, sorprendidos, los ciudadanos españoles comenzaron a enterarse que, además de en España, sólo en Chipre, Turquía y Eslovenia tenían esa duración.
Resulta paradójico que existiendo en España, antes de la implantación de Bolonia, una estructura en los estudios universitarios de Ingeniería e Ingeniería Técnica, completamente adaptada a la actual convergencia europea – tres años más dos – fuéramos gubernamentalmente obligados a reconducirlos a un grado, de cuatro años, seguido de un máster habilitante para el ejercicio de las profesiones de Ingeniero. Máster que, en aquellas universidades en las que todavía prima la calidad formativa, frente a las rebajas en duración para atraer alumnos, ha quedado establecido en 120 ECTS, es decir dos años de estudios.
Hace un año el ministro Wert presentó a la sociedad española el Informe para la reforma del sistema universitario, elaborado por un comité de expertos, que, precisamente, abordaba la necesidad de reformar la estructura de las enseñanzas universitarias de ingeniería en España. Concretamente planteaba la necesidad de reimplantar un tres más dos, junto a un “programa integrado (máster habilitante), de 360 ECTS, que capacitaría para el ejercicio de la profesión de ingeniero”.
Nadie niega que hoy en día existe una discriminación: los ingenieros técnicos españoles se encuentran discriminados frente a unos colegas europeos que, tras realizar tres años de estudios adquieren el nivel de grado en sus respectivos países, debiendo ser reconocidos como tal en España. Pero esa discriminación no se arregla por la vía de este real decreto, conculcando aquellas declaraciones del ministro Wert de que “es necesario reimplantar la cultura del esfuerzo en nuestro país”, que algunos alabamos y aplaudimos, sino, como mínimo simultáneamente, legislando que, también en España, los estudios de más de tres años de duración pasen a ser considerados como grado.
Y me adelanto a quienes argumentarán que esta es una reforma que excede los límites del real decreto presentado, ya que implicaría la reforma del Real Decreto 1393/2007 de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias. ¿O algunos hemos leído mal, o en el proyecto presentado no se incluye una disposición adicional, modificando precisamente ese Real Decreto para algo bastante ajeno a la homologación y correspondencia, como es una ampliación de los plazos de las acreditaciones de los estudios? Cuando se quiere, se puede.
Luis-Manuel Tomás Balibrea es presidente de la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España.