Editorial

Una pieza clave para la unión bancaria europea

Las más de 16 horas de negociación que han desembocado en el acuerdo sobre el futuro fondo de liquidación bancaria –Mecanismo Único de Resolución (MUR)– constituyen una muestra del enorme esfuerzo que ha exigido sacar adelante la propuesta. Un esfuerzo que ha retrasado el pacto más allá no solo de lo óptimo o incluso de lo deseable, sino también de lo razonable, y que ha evidenciado las numerosas fisuras y deficiencias que la Unión Europea arrastra todavía en materia de gobernanza. Pese a ello, el pacto alcanzado en Bruselas, pendiente todavía de ratificación por el pleno del Europarlamento y por el consejo de ministros de Economía de la UE (Ecofin), supone el segundo y último paso en el camino hacia la plena unión bancaria en Europa. Como también es un dique de contención frente a los daños que puedan derivarse de las crisis bancarias del futuro. El acuerdo incluye un calendario de aplicación bastante más ambicioso del previsto en un principio. Así, obliga a provisionar el fondo en un plazo de ocho años frente a los diez que se habían acordado inicialmente. Y aunque durante ese periodo de transición las contribuciones de las entidades financieras se mantendrán en compartimentos estancos por países, estas se fusionarán de forma progresiva y a un ritmo mayor del previsto. La fusión tenía previsto avanzar un 10% cada año, pero finalmente llegará al 70% ya en los tres primeros años.

El pacto tiene una gran trascendencia no solo financiera y política, sino también histórica, porque implica un profundo cambio estructural en el funcionamiento del mercado bancario europeo. Ello explica que haya nacido rodeado de cautelas por parte de Alemania, el socio más fuerte de la UE, y que la última palabra sobre el acuerdo la haya tenido Berlín, que ha marcado con firmeza las grandes líneas rojas que delimitan su alcance.

Como recordaba ayer la eurodiputada y ponente del proyecto, la portuguesa Elisa Ferreira, el pacto contempla los tres objetivos básicos marcados por el Parlamento Europeo: un sistema que resulte eficiente, que proporcione un trato igualitario para todos los bancos con independencia de su país de origen y que evite a los contribuyentes tener que costear el rescate de las entidades. Tras una larga crisis económica y financiera en la que se han acentuado las diferencias entre la Europa fuerte y la Europa frágil o periférica, el cumplimiento de estos tres objetivos resulta fundamental. Más aún ante el avance innegable del escepticismo antieuropeísta entre una población comunitaria que no comprende por qué debe costear los problemas de unas entidades bancarias que en ocasiones ni siquiera proceden de su país de origen.

Pese a las ventajas y aciertos del pacto, todavía persisten puntos débiles. Uno de ellos pasa por la necesidad de esperar hasta el año 2023 para que el fondo de liquidación sea plenamente europeo y la ausencia –entre tanto– de una red de seguridad que garantice la existencia de recursos para hacer frente a posibles necesidades. Berlín se ha negado a que el fondo de resolución (MUR) y el fondo de rescate de la zona euro (MEDE) proporcionen esa cobertura. También queda por ver cómo se liquidarán o reestructurarán las entidades que no estén sujetas a la supervisión del Banco Central Europeo.

Pese a esas dificultades, el acuerdo constituye una inyección de fortaleza y confianza al sistema bancario europeo, cuyo normal funcionamiento sigue sin ser una realidad en países como España, donde la restricción del crédito resulta una traba muy seria para impulsar la reactivación económica. La reforma de la Ley Concursal, anunciada ayer en el Congreso por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, constituye una medida capital para hacer frente a esa situación y facilitar la refinanciación y reestructuración de las deudas de empresas en graves dificultades. La norma, que pretende crear 200.000 empleos y elevar entre un punto y un punto y medio el PIB de España en los próximos tres años, facilita los acuerdos de financiación, las quitas y los aplazamientos de pagos, además de ofrecer la posibilidad de convertir deuda en capital. El hecho de que el texto cuente con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios constituye un ejemplo de responsabilidad, realismo y cooperación política que es obligado reconocer y valorar.