Los bonistas de Codere avisan que la nueva norma prima el canje de deuda al concurso

PABLO MONGE

El cruce de correspondencia entre Codere y sus bonistas da una vuelta de tuerca. Después de que la empresa rechazara la propuesta planteada por los acreedores, ahora el comité de bonistas se acoge a los cambios legislativos introducidos en el ejecutivo en la reforma de la ley concursal.

Uno de los puntos fuertes del Real Decreto Ley aprobado la semana pasada es el que hace referencia al canje de deuda por capital frente a la declaración del concurso. "La nueva ley concursal busca facilitar la restructuración financiera e intenta evitar el concurso y la liquidación", recuerda el comité de bonistas a la empresa propiedad de la familia Martínez Sampredro. "El Gobierno español ha incluido en mecanismos para fomentar tales capitalizaciones de deuda de manera que se reduzca la necesidad de las sociedades de solicitar la declaración de concurso", reiteran.

De acuerdo a lo señalado en la carta, la nueva norma ha incluido mecanismos para fomentar la capitalización de deuda. Entre ellos, destaca la presunción de culpabilidad del concurso si los accionistas y el consejo se oponen sin causa razonable a dicha capitalización. "Dado que el marco legal ha cambiado radicalmente y que la oferta final otorga una mejor recuperación de la inversión que la que ofrecería el concurso, el consejo no debería tener ninguna otra duda acerca de que la oferta final sea aceptable para los accionistas" señalan en la nota.

Todavía está por ver si el cambio normativo afecta a la reestructuración de Codere, en preconcurso desde el pasado 2 de enero. Según lo contenido en el Real Decreto que publica el BOE, "en los acuerdos de refinanciación que, a la entrada en vigor de este decreto se estén negociando, resultará de aplicación el régimen anterior si el deudor ya hubiera solicitado del registro mercantil la designación de un experto independiente". No obstante, fuentes próximas a la negociación aseguran que en el caso en cuestión Codere estaría sujeta a la nueva legislación, ya que no está en ninguno de los supuestos en los que se puede aplicar la designación de un experto independiente.

La propuesta final planteada por los bonistas, que está pendiente de adaptación a los requisitos de la reforma, incluía una inyección de 400 millones de liquidez (200 millones en concepto de préstamo y otros 200 para subscribir una ampliación de capital del 82%. A ello hay que sumarle una quita próxima a los 350 millones, la concesión del 14% a la familia Martínez Sampedro y el mantenimiento de los gestores actuales.

La empresa se ha negado en reiteradas ocasiones primero amparándose en el argumento de que la ley concursal española no contemplaba la capitalización de la deuda y después señalando que la oferta era inadmisible desde el punto de vista legal y económico.