Las empresas sanitarias exigen más colaboración público-privada
La gestión de la sanidad le cuesta a las comunidades autónomas, que tienen las competencias en esta materia, cerca de 100.000 euros al año, de los que 72.000 le corresponden a la sanidad pública y 27.000 a la privada. Un porcentaje este último por debajo de la media europea y que ha permanecido con pocas variaciones desde el inicio de la crisis. De ese importe, 19.400 millones corresponden al propio negocio de las empresas y 7.600 a los fondos destinados por las comunidades autónomas a la colaboración público-privada. Un importe que lleva cayendo tres años consecutivos y que se situó en 7.600 millones en 2011 (la liquidación de los presupuestos regionales tarda dos años en realizarse).
Una cifra considerada como escasa por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, el lobby que aglutina a las grandes empresas sanitarias (Sanitas, DKV, Mapfre, Adeslas, Quirón o Caser, entre otras), que presentó ayer un informe en el que puso en valor el papel que juega la sanidad privada y la necesidad de que las comunidades les permitan elevar su participación a través de la colaboración público-privada. “Generaría una mayor eficiencia en la utilización de los recursos y serviría para reducir las listas de espera”, subrayó el secretario general de IDIS, Juan Abarca. En el documento se muestra como las firmas privadas sostienen 230.000 empleos (de los que el 25% son médicos) y que el gasto per capita es de 1.236 euros en la sanidad pública frente a los 495 de la privada. El director general del lobby, Manuel Vilches, mostró un ejercicio sobre los ahorros que generaría la sanidad privada. Según sus cálculos, si el ciudadano cubierto por una póliza privada prescindiera por completo de los recursos públicos, el ahorro que se generaría para el sistema público podría llegar a los 8.737 millones. No obstante, si ese ciudadano optara por un uso mixto, combinando sanidad pública y privada, el ahorro se limitaría a los 3.979 millones.
El informe muestra también como todas las comunidades autónomas tienen firmado algún tipo de concierto para que los operadores privados presten servicios, fundamentalmente ligado a las especialidades o a la atención primaria (de hecho, las empresas privadas cuentan con más camas que el sector públicos), aunque el grueso de los 7.595 millones de la colaboración público-privada lo asumen cuatro autonomías. La que cuenta con una mayor participación es Cataluña, que destina 2.450 millones a esta partida, seguida por Madrid (713), Andalucía (446) y Comunidad Valenciana (442).
“Las fórmulas de colaboración público-privada podrían ser de mayor utilización en España si no fuera por cuestiones partidistas”, apuntó Javier Murillo, presidente de IDIS, en alusión al frenazo judicial sufrido en Madrid por la privatización sanitaria.
