Debate erróneo en Japón
El debate sobre la reforma de las pensiones de Japón se aviva. Pero existe el riesgo de que los árboles no dejen ver el bosque.
Takatoshi Ito, economista de la Universidad de Tokio, que dirigió el panel encargado por el gobierno sobre la gestión de los activos de las pensiones públicas, ha acusado al Fondo de Inversión de Pensiones del Gobierno (GPIF, por sus siglas en inglés) de “violar su deber fiduciario” al no recortar su asignación a bonos nacionales. El ataque de Ito se produjo después de que Takahiro Mitani, presidente del GPIF, sugiriera que el verdadero objetivo del gobierno era inyectar más dinero en el mercado de valores.
Ambas partes tienen razón. GPIF, que cuenta con activos por valor de 124 billones de yenes (casi un billón de euros), se arriesga a tener pérdidas en caso de que la rentabilidad de los bonos comience a aumentar.
Sin embargo, las preocupaciones de Mitani son algo más que grosería burocrática. Con el fin de pagar a los pensionistas el fondo tiene que mantener un flujo constante de ingresos. Un cambio precipitado en la renta variable podría ser contraproducente. Además, un comité asesor independiente quiere que el GPIF asuma los mínimos riesgos adicionales para perseguir un objetivo de rentabilidad solo ligeramente superior a la meta establecida hace cinco años.
Está claro de qué lado están los inversores japoneses. El índice de referencia Topix, que respondió con entusiasmo a la campaña contra la deflación del primer ministro, Shinzo Abe, en 2013, ha caído un 7% en 2014.
Cualquier solución a largo plazo requiere que los políticos recorten las prestaciones por jubilación. Los inversores en bonos japoneses están preocupados por que, en lugar de tomar decisiones difíciles, el gobierno acabe pidiendo prestado más dinero. Si los inversores pierden la confianza en la solvencia de Japón, los bonos del gobierno se arriesgan a sufrir un colapso. Las disputas sobre la asignación de los activos de cara a semejante riesgo es pasar por alto todo el bosque.