Primera sentencia que obliga al Estado a devolver parte de la paga extra a un funcionario
El juez rechaza enviar el caso al Constitucional por considerar este paso "superfluo"
El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid ha condenado al Ministerio del Interior a devolver a un funcionario de prisiones, la parte proporcional de la paga extra y el complemento específico, devengados entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, cuando entró en vigor el decreto que retiraba esta extra de Navidad a todos los empleados públicos.
Se trata de la primera sentencia en firme contra la Administración General del Estado sobre este asunto, por lo que no cabe recurso en su contra, según Así, informa el sindicato CSI-F, mayoritario entre los funcionarios, al que esta afiliado el trabajador y que ha sido parte en la demanda. En el texto de la sentencia el juez censura "la aplicación retroactiva del Real Decreto porque contravendría los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima".
Además, el juez justifica por qué ha dictado sentencia y no ha elevado el caso al Tribunal Constitucional, como pedían los abogados del Estado, al no verlo necesario por considerarlo "superfluo tanto en términos lógicos como de economía procesal".
Hasta el momento, se han registrado un buen número de pronunciamientos judiciales en los ámbitos local y autonómico por toda España pero esta sentencia es la primera en firme contra el Estado y tiene por ello "una gran relevancia desde el punto de vista jurídico", aseguran desde CSI-F. Los responsables jurídicos de este sindicato aseguran que los criterios de la sentencia serían aplicables, como mínimo, al conjunto de furncionarios del Ministerio de Interior, incluyendo a policías, guardias civiles, funcionarios de prisiones y administrativos, entre otros. "Y, desde luego, al resto de los funcionarios de la Administración General del Estado", añaden.
Ante esta situación los responsables de CSI-F reclaman al Gobierno la convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas para generalizar esta devolución -que supone una media de 350 euros euros por trabajador, llegando a los 500 euros en los niveles más altos- al conjunto de los empleados públicos de toda España.
"No tiene sentido que lo que reconocen los juzgados a título particular e incluso para el grueso de los trabajadores de una comunidad autónoma, no sea reconocido para el conjunto de los empleados públicos", señalan fuentes de CSI-F. De hecho, el Gobierno de Canarias y las comunidades autónomas de Castilla y León y Extremadura ya han anunciado oficialmente que devolverán esta parte proporcional devengada de la paga extra.
Sin embargo, desde el Gobierno rechazan esta devolución argumentando que la cuestión está ya en el Tribunal Consitucional, que al menos tiene diez cuestiontes de inconstitucionalidad encima de la mesa- y hasta que este no se pronuncie recurrirán todas las medidas en sentido contrario.
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