Sareb se enfrenta a multas de hasta 110 millones por sus VPO en Andalucía
Andalucía exigía registrar las 911 viviendas protegidas de la sociedad
Aunque la Ley de Función Social de la Vivienda aprobada por la Junta de Andalucía fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno central el pasado diciembre, sólo una parte de la regulación –entre la que se encuentra la potestad de sancionar a la banca o Sareb por sus pisos vacíos– ha quedado suspendida cautelarmente a la espera del fallo.
Quedan vigentes, sin embargo, otros apartados como los que conciernen a la obligación de informar al Ejecutivo andaluz de la propiedad de Viviendas de Protección Oficial (VPO). Una norma por la que Sareb enfrenta ahora multas por valor de hasta 109,44 millones de euros, según la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía.
Ésta ha abierto dos expedientes sancionadores a Sareb, el primero por no facilitar el listado de VPO en la comunidad, que incluiría unas 911 viviendas según la información provisional que maneja Sevilla, y que conlleva una sanción de 120.000 euros.
El segundo expediente, del que Sareb asevera no tener aún constancia oficial, penaliza a la sociedad por no haber inscrito cada uno de estos inmuebles en el registro de VPO como se le pidió el pasado abril. Incumplimiento que está penado con multas de entre 30.000 y 120.000 euros por cada inmueble, lo que, en total, arroja una potencial factura de hasta 109,44 millones de euros para Sareb en concepto de multas.
Desde la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria aseveran que su intención siempre ha sido la de “dar cumplimiento a las obligaciones legales” mencionadas, pero reclaman a la Junta que tenga en cuenta las particularidades de la sociedad.
Ésta fue creada hace ahora poco más de un año y ha dedicado buena parte de su primer ejercicio a revisar y catalogar la cartera traspasada por la banca nacionalizadas y asistida, que incluye 107.000 inmuebles por toda España.
Sareb, que planea presentar alegaciones a los expedientes que surjan por este tema, alega que ha sido este complejo procedimiento de revisión el que les ha impedido dar parte de sus VPO a la Junta.
Desde la sociedad alegan que el mismo plazo de 30 días existe en otras comunidades y el resto han respetado su situación. Sareb asevera que mantiene contacto fluido con la Junta, que le ha comunicado el problema y que incluso negocia con ella cederle inmuebles para fines sociales.
