El decreto andaluz puede acarrear multas a Sareb de hasta 135 millones
Sareb tiene entre 6.000 y 15.000 pisos vacíos en Andalucía, según fuentes cercanas a la firma. Las multas por cada vivienda vacía alcanzan los 9.000 euros. La Junta advierte que habría nuevas sanciones en caso de reincidir. El decreto permite reclamar responsabilidades a los directivos de la entidad.
El flamante plan de negocio revisado del banco malo podría verse alterado en apenas unas semanas por un gasto imprevisto. El decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía para paliar el drama de los desahucios e incentivar la habitación de las viviendas vacías de la comunidad recoge una serie de sanciones a bancos, inmobiliarias y sociedades de gestión por mantener desocupados sus inmuebles, que podría arrojar una factura millonaria a Sareb.
En concreto, con un stock aproximado de 15.000 viviendas en la comunidad andaluza, según fuentes cercanas a la firma, las sanciones previstas podrían arrojar una factura de hasta 135 millones para el banco malo.
El decreto que entró en vigor el pasado viernes da potestad a la Junta de Andalucía para sancionar las viviendas vacías que posean personas jurídicas, entre las que citan inmobiliarias, entidades financieras, sus filiales y “entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria”, en una clara referencia a Sareb.
La norma andaluza irrumpe hoy en el debate de la reforma hipotecaria
A medio día de hoy vuelve a reunirse la ponencia del Congreso de los Diputados encargada de tramitar la reforma hipotecaria derivada del decreto ley del Gobierno, la Iniciativa Legislativa Popular firmada por casi 1,5 millones de ciudadanos y las enmiendas de los distintos grupos. Aunque el objetivo es volver a valorar qué texto se envía a la Comisión de Economía para su votación definitiva, el Gobierno da ya por cerrado el texto refundido presentado por el PP la pasada semana en el que se da capacidad al juez para suspender cautelarmente un desahucio y se reduce la deuda que le queda al afectado pero se rechaza la dación en pago. El plazo extra, sin embargo, tenía como objetivo la negociación con el resto de grupos para posibles cambios de última hora. Una ventana que el PSOE pretende aprovechar para introducir en la norma expropiaciones temporales de los pisos de la banca para realojar a familias desahuciadas, tal y como recoge el decreto andaluz, si bien este cuenta con el rechazo expreso del PP y el propio ministro de Justicia avanzó que la Abogacía del Estado estudia un posible recurso de inconstitucionalidad. La oposición en bloque ha adelantado que dejará solo al PP en la tramitación de su texto si no incluyen cambios de calado. El PSOE, a su vez, ha abanderado el decreto andaluz como su nueva alternativa al drama de los desahucios y lo promueve en otras regiones. Así, el PSC instó a Cataluña ayer a legislar en este sentido, si bien tan solo Canarias ha adelantado que estudiará la posibilidad. La Comunidad de Madrid, contraria a “cuestionar la propiedad privada”, inició ayer un programa de realojo de desahuciados en riesgo de exclusión social con la entrega de la primera de las 1.000 viviendas destinadas a tal efecto.
“Se presumirá que la vivienda no está habitada cuando no se destine efectivamente al uso residencial (...) durante más de seis meses consecutivos en el curso de un año desde el último día de efectiva habitación” o, si nunca han sido habitadas, desde el momento en que su estado de ejecución permita solicitar las autorizaciones legales para ocuparla.
Aunque la Junta prepara un servicio de inspección extraordinario de dos años de duración, prorrogable otro más, para comprobarlo, se considerarán “indicios de no habitación” los datos de padrón, la recepción de correo, las comunicaciones telefónicas o un nulo o escaso consumo de suministros de agua (un mínimo de 2,47 metros cúbicos por vivienda y año, o 0,21 al mes) y luz (291 kilowatios por hora al año o 24 al mes).
Las entidades tienen un mes, desde el pasado viernes, para informar a la Junta de su stock de viviendas vacías detallando sus características. Detectados los inmuebles no ocupados, Andalucía dará 10 días a sus propietarios para presentar alegaciones e iniciará luego un programa de fomento destinado a “facilitarle el arrendamiento”, lo que sugiere un administración pública para la puesta en alquiler de las viviendas deshabitadas a precios suficientemente bajos como para que se ocupen. El cumplimiento exige su habitación durante al menos seis meses ininterrumpidos.
A partir de ahí, el decreto establece un sistema de sanciones, por infracciones que van desde la inexactitud documental a su mala conservación de las viviendas La mayor multa, no obstante, “de hasta 9.000 euros” se reserva para las faltas muy graves, entre las que se recoge el “no dar efectiva habitación a la vivienda”.
De las 76.000 viviendas vacías que Sareb tiene en España, unas 15.000 se encuentran en Andalucía, según fuentes cercanas a la sociedad. Otras voces, igualmente relacionadas con la firma, aseveran que tras depurar garajes y otras instalaciones, los inmuebles residenciales se limitan a algo más de 6.000, lo que da idea de las dificultades de Sareb para culminar a tiempo su propio catastro. A 9.000 euros por inmueble, en todo caso, las multas oscilarían entre los 54 y los 135 millones de euros. Un buen bocado para una sociedad que espera ganar 714 millones de aquí a 2017. La Junta aclara, además, que en caso de reincidir en la no habitación de los pisos, la sociedad recibiría nuevas sanciones.
Más allá, la Junta prevé también “multas coercitivas, hasta un máximo de tres”, por valor del 20%, el 30% y el 40% de la sanción original si la entidad incumple los distintos plazos marcados y la petición de responsabilidades a los directivos de la firma, con Belén Romana a la cabeza.
Los servicios jurídicos de Sareb, de otra parte, estudian los huecos de la ley, como la exención de sanciones a la vivienda de fines turísticos, si bien un stock compuesto por viviendas que la banca se ha adjudicado por impago no invita a pensar en alojamientos rurales. Al igual que la gran banca, no obstante, desde el entorno de Sareb confían en que el Gobierno les evite la factura recurriendo la norma ante el Tribunal Constitucional.