El Gobierno obliga a Google News a pagar por las noticias que utilice
El anteproyecto de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual ha pasado hoy el trámite del Consejo de Ministros. Una de las principales novedades es la inclusión de la conocida como tasa Google. La propuesta presentada hoy, que aún tiene que pasar el trámite parlamentario, establece el derecho de los agregadores de noticias como Google News usen fragmentos de los contenidos de terceros, fundamentalmente los medios de comuniación tradicionales, pero a cambio de una indemnización.
Cuando se trate de fragmentos no significativos de "información, opinión o entretenimiento" no hará falta autorización, pero sí se tendrá que pagar una "compensación equitativa", según ha explicado el ministro de Cultura, Educación y Deporte José Ignacio Wert.
El texto aprobado supone una reforma parcial de la legislación vigente que pretende fortalecer la posición de los creadores y titulares de derechos, así como facilitar la transición digital de las industrias culturales y creativas.
Aunque la larga tramitación del texto habrá traído consigo modificaciones, la norma tiene, como explicó en su día Wert, tres patas fundamentales: el mayor control de las entidades de gestión de derechos de la propiedad intelectual, un refuerzo de la Comisión de Propiedad Intelectual para la lucha contra la piratería y una revisión de la copia privada.
Como es habitual, la norma no ha estado exenta de polémica. Hace una semana la asociación de entidades de gestión de derechos, Adepi, rechazó la reforma planteada por el Ejecutivo y denunció que el texto "agravará" la situación de crisis por la que atraviesa el sector cultural, que ha experimentado "una alarmante caída en el empleo".
En marzo de 2013 el ministro explicó que estas entidades tendrán que hacer públicas en sus webs las tarifas y procedimientos de reparto de lo recaudado entre sus socios, tendrán fijados unos principios generales para la fijación de tarifas que impidan precios abusivos, y deberán recibir la autorización de la Administración para la creación de fundaciones o sociedades mercantiles.
Respecto a las descargas de contenidos vía Internet, el anteproyecto prevé agilizar igualmente la identificación de las páginas que facilitan contenidos no permitidos y su persecución internacional. A partir de la reforma, además, la comisión podrá solicitar a una web con contenidos piratas la retirada de catálogos completos de autores, sin tener que hacer la reclamación obra a obra, como ahora.
Otra de las propuestas se refería a la posibilidad de imponer multas más severas cuando las páginas incumplan reiteradamente las peticiones de retirada de los contenidos ilegales. En este sentido, indicó que las sanciones administrativas oscilarán entre los 30.000 y los 300.000 euros. “Se trata de poner medidas que eviten la reincidencia”, comentó.
En cuanto a la copia privada, el proyecto reduce su concepto notablemente. Así, solo será copia legal si esta se hace de un soporte original o de una señal de televisión, pero siempre que dicha copia sea borrada a los pocos días.