Plan B para reducir los sobrecostes
El que las aportaciones a los planes de pensiones colectivos hayan empezado a formar parte de la base de cotización a la Seguridad Social y, por tanto, haya aumentado su coste tanto para el empresario como para el trabajador, sigue produciendo inquietud. Mes y medio después de la entrada en vigor de la norma no se han producido movimientos en las empresas; sin embargo, puede que los haya no muy tarde, ya que hay grandes compañías, como Repsol, a las que les toca en breve afrontar negociaciones en las que las mencionadas novedades pueden salir a relucir.
“Pensábamos que iba a haber más follón, pero no hemos recibido ni un pequeño comentario”, admiten desde Fonditel, la gestora de los planes de pensiones de Telefónica y otras empresas.
“Según se vayan negociando convenios, se irán parando compromisos en pensiones”, dice Jesús González, de UGT
Fuentes sindicales de otros grandes planes de empleo, como el de los trabajadores de CaixaBank o de BBVA, tampoco han visto por parte de sus empresas ningún movimiento. No lo esperan, máxime si se tiene en cuenta que en el sector financiero el porcentaje de cotizantes en base máxima es elevado y en esos casos no hay sobrecoste en las aportaciones. Jesús González, responsable de previsión social de UGT, está convencido de que “según se vayan negociando convenios se van a ir parando compromisos”, ya que se han desincentivado por completo las aportaciones. Según su análisis, en 2013 las aportaciones han caído en 130.000 millones de euros y seguirán bajando, pues no se van a generar nuevos planes de empleo y los que existen son instrumentos ya maduros.
“En la mayoría de las compañías se están planteando hacer algo”, reconoce Gloria Villar, directora del área laboral legal de Mercer, la consultora que acaba de organizar unas jornadas para analizar alternativas frente al real decreto-ley que nos ocupa. La cuestión es ver qué pueden hacer exactamente. Villar explica que rebajar o anular las aportaciones es legalmente posible. En aquellos casos en los que los complementos no estén en el convenio colectivo, “el procedimiento es parecido al de una bajada de salario que se justificara por un incremento de los costes. Tienen que concurrir razones económicas, organizativas, etc., pero se pueden congelar, bajar o incluso quitar si se argumenta ante un juez y este lo acepta”, explica la experta de Mercer. Es el caso, por ejemplo, de Telefónica, donde se han suspendido temporalmente las aportaciones al plan en el contexto de su último ERE.
Si el derecho, en cambio, está contemplado en el convenio sectorial, la empresa tendría que ir a un “descuelgue”. “Esa fórmula es la que se utiliza muchas veces cuando el convenio incluye, por ejemplo, una subida salarial obligatoria y no se puede asumir”, apunta.
Pero estas serían las opciones más radicales. Lo más probable, en opinión de los expertos, es que se opte por absorber ese sobrecoste de otras partidas. “Cuando se anunció la medida, el 22 de diciembre, todas las compañías estaban con los presupuestos cerrados, pero si hubieran conocido el cambio antes probablemente aquellas que han decidido algún tipo de subida salarial la hubieran moderado o incluso anulado”, aventura Villar, quien asegura que las empresas también están buscando productos alternativos que puedan “eludir esta normativa.
Los sindicatos opinan
l Desde el área de protección social del sindicato CC OO consideran que el coste de la medida es relativamente bajo dado el alto porcentaje de trabajadores que están en cotizaciones máximas en las grandes empresas, que son precisamente las que en general tienen planes de pensiones. No obstante, consideran que la medida es un grave desincentivo para las pymes, precisamente las que deberían estar pensando en impulsar instrumentos de previsión social para sus trabajadores.
Según Jesús González, responsable de previsión social de UGT, “ahora nadie va a plantear algo que te cuesta un 30% más”, por lo que “se va al garete” la potenciación de la jubilación complementaria.