Editorial

Una fiscalidad favorable a las familias

El análisis de la OCDE y del propio Ministerio de Hacienda sobre el trato fiscal que España dispensa a las familias es unánime al colocar a nuestro país entre aquellos que cuentan con políticas menos favorables hacia las parejas con hijos. La carga tributaria que soporta una familia española con dos hijos y una sola fuente de ingresos está un punto por encima de la medida europea. Así lo asegura un informe del organismo internacional que señala a España como uno de los 21 países europeos que menos rebaja la fiscalidad para los contribuyentes con hijos, una posición que se mantiene incluso independientemente del nivel de renta. Este análisis es uno de los documentos que estudian el Ministerio de Hacienda y la comisión de expertos que preparan la reforma fiscal del Gobierno con la intención de mejorar el trato fiscal a las familias. Por el momento, hay tres propuestas sobre la mesa: elevar los mínimos exentos personales y familiares, modificar la forma en que se aplican esos mínimos y fijar deducciones por el gasto familiar en servicio doméstico.

La primera de esas medidas supondría elevar el mínimo exento de forma paralela al número de hijos, algo que resulta coherente con la propia naturaleza de este concepto: dejar exenta una cantidad que cubra las necesidades básicas de los contribuyentes. La segunda consiste en que esos mínimos se apliquen a la base imponible en lugar de a la tarifa del impuesto, una propuesta que habrá que pulir para evitar el riesgo de que produzca un efecto regresivo, esto es, que beneficie más a las rentas más altas. En el caso de la tercera, el objetivo es doble: por una lado, impulsar la incorporación de la mujer al mercado laboral y por otro, ayudar a regularizar la prestación de servicios domésticos, un nicho habitual de economía sumergida. En esa misma línea, Hacienda estudia incluir deducciones para aflorar actividades que habitualmente se realizan en negro. Una iniciativa interesante, pero cuyo posible impacto en los ingresos fiscales hay que sopesar cuidadosamente.

La mejora del tratamiento fiscal dado a las familias no es solo una cuestión de equidad tributaria, sino también una decisión de política de sostenibilidad social. La mayor parte de las legislaciones que contemplan beneficios tributarios a los grupos familiares lo hacen en términos de estímulo del crecimiento demográfico y como una herramienta para frenar el rápido envejecimiento de la población en las economías desarrolladas. España se encuentra entre los países con más baja natalidad del mundo, un problema que plantea numerosas incógnitas sobre el futuro de las prestaciones sociales y del propio Estado del bienestar. En un país en el que la reforma del sistema de previsión social constituye una asignatura recurrente, proteger a las familias con hijos constituye, como mínimo, una cuestión de coherencia.

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