Sacyr y sus socios advierten al Canal de “años de disputas” si no hay pacto

Las primeras declaraciones del presidente de Sacyr, Manuel Manrique, sonaron a que la empresa tira la toalla en Panamá. Casi podrían interpretarse como el pase de una página. El ejecutivo afirmó que el consorcio GUPC, encargado de las obras de ampliación del Canal de Panamá, “no puede hacer nada más” tras la ruptura de las negociaciones con la ACP.

Eso sí, en declaraciones posteriores, Manrique mostró su deseo de seguir buscando una solución y agradeció a las autoridades españolas y comunitarias la ayuda recibida. “La vida sigue”, señaló, y el Canal representa una “pequeña parte” de la cartera de la compañía: “Sacyr seguirá adelante. Ha demostrado que ha sabido solucionar los problemas técnicos de, quizá, la obra más difícil del mundo”. Horas más tarde, el ejecutivo aseguró a CincoDías que “hemos hecho una oferta de ampliación del diálogo y parece que la ACP ha recogido el guante. La opción de GUPC es la más rápida y económica para concluir la ampliación”.

La construcción del tercer juego de esclusas avanza casi al 70% de ejecución, con sobrecostes por 1.625 millones de dólares y con la caja de las constructoras a cero. No hay liquidez para seguir y el miércoles se rompieron las negociaciones en busca de fondos para culminar la obra en 2015.

En este punto, GUPC ha reiterado su oferta para mantenerse en el tajo, pero sigue vigente su aviso de suspensión de actividad –“sin fecha concreta”– y advierte de las implicaciones de la ruptura. El desacuerdo pone “la expansión del Canal de Panamá y hasta 10.000 puestos de trabajo en riesgo inminente. Sin una solución inmediata, Panamá y la ACP enfrentarán años de disputas ante los tribunales nacionales e internacionales sobre los pasos que han llevado el proyecto al borde del fracaso”, citó ayer GUPC en una nota.

Dos adjetivos hablan del estado de emergencia: GUPC usa la fórmula “inminente”, refiriéndose al riesgo de parar la obra, e “inmediata” para urgir financiación extra que dé viabilidad al contrato.

El consorcio GUPC puso de manifiesto ante ACP, al límite del plazo de las negociaciones, sus cesiones desde la petición inicial de 400 millones de dólares a la gestora del Canal. Lo hizo a través de una carta al Administrador de la entidad, Jorge Quijano, en la que se le invitaba a “abandonar su posición injustificadamente rígida y unirse a GUPC en el esfuerzo para llegar a una solución”.

La oferta de los contratistas es que ambas partes aporten fondos extras a partes iguales hasta la entrega de las nuevas esclusas, pese a que las constructoras insisten en que el contrato y la ley panameña cargan sobre el propietario del proyecto la responsabilidad de financiarlo. De este modo, GUPC aportaría 100 millones de dólares de dinero nuevo, que se sumarían a los 300 millones puestos hasta ahora, y levantaría 400 millones de financiación externa utilizando como garantía la fianza del seguro de la obra, firmado con Zurich. La ACP tendría que poner sobre la mesa 100 millones y aceptar el aplazamiento de los pagos anticipados por 785 millones.

Las constructoras demandan, por último, una factura sin cobrar de 50 millones de dólares que serviría para “pagar las nóminas de esta semana”, afirma GUPC en su nota pública. El proyecto requiere financiación adicional por 1.600 millones de dólares. Se ha tratado de ver, durante estos días, cómo se obtenía esa cantidad mientras los sobrecostes se dirimen ante la Junta de Resolución de Conflictos (DAB por sus siglas en inglés) y en la corte de arbitraje de Miami.

Quijano está abierto al diálogo,pero exige “reanudar” las obras

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) utilizó  la misma fórmula que sus contratistas para hablar del final de las negociaciones sin un pacto: echar la culpa a la “posición inflexible” del contrario.

El administrador de la ACP, Jorge Quijano, exigió a las constructoras respeto al contrato y que reanuden las obras. Según el jefe del Canal, los trabajos se han suspendido por completo, mientras GUPC rechaza ese extremo.

“Nosotros no nos retiramos de la mesa”, afirmó el jefe de la ACP, quien no descartó que, a pesar de que el plazo de las negociaciones ha terminado, aún se pueda alcanzar un acuerdo. Eso sí, la “ventana se cierra minuto a minuto”, comentó Quijano ante la prensa.

La ACP iniciaba ayer un proceso de análisis para decidir los pasos a seguir, que pueden incluir la rescisión del contrato. Quijano lamentó que Sacyr e Impregilo tuvieran, en ocasiones, posturas encontradas, lo que habría dificultado el diálogo.

Las constructoras tienen por cobrar los trabajos de diciembre y enero

Al mínimo de revoluciones, pero Sacyr, Impregilo, Jan de Nul y CUSA, integrantes del consorcio GUPC, se han mantenido durante estas semanas en la obra del tercer juego de esclusas del Canal. Las empresas acusan a la ACP de estrangular financieramente el proyecto con sus exigencias de reintegro de los anticipos, que GUPC pide trasladar hasta 2018, y la falta de pago de las certificaciones.

El grupo de constructoras comentaba ayer que tiene por cobrar 50 millones de dólares, factura básica para pagar a proveedores y trabajadores. Y esa cifra corresponde a la certificación de diciembre y lo poco ejecutado durante enero.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, reclamó “responsabilidad” a las partes y añadió que “lo peor sería que la obra no continuara”. El titular de Economía, Luis de Guindos, también habló ayer del Canal y aseguró que el Gobierno intentará minimizar el “impacto” de los avales aportados a Sacyr en 2009.