Condenados a entenderse

Un mal acuerdo va a ser mucho más deseable que el mejor de los pleitos en Panamá. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y las constructoras del consorcio GUPC que ejecutan el tercer juego de esclusas, encabezadas por la española Sacyr, están abocadas a un pacto que evite la paralización del proyecto pese al duro contexto en que han estado negociando: 1.625 millones de dólares de sobrecostes en las obras, frente a un presupuesto de 3.118 millones de dólares; anticipos reembolsables por 785 millones de dólares que el consorcio no puede devolver, y unos trabajos casi congelados por falta de liquidez.

Todo ello aliñado con el fuego cruzado entre ambas partes. Las empresas hablan del inconsistente estudio geológico que ha dado lugar a imprevistos y mantienen un preaviso de suspensión de la actividad si no hay financiación extra. La ACP, por su parte, dice tener caja para tomar las riendas de la obra y elude responsabilidades sobre las desviaciones en el presupuesto.

Las partes arrancaron las negociaciones el 7 de enero, con la presión del presidente panameño Ricardo Martinelli, de la ministra española Ana Pastor y con las interferencias causadas por la alta beligerancia de la constructora Impregilo, el segundo socio más relevante del grupo de constructoras. Aun así, GUPC ha hecho notables esfuerzos por arrancar un acuerdo que permita la continuidad de la ampliación del Canal y su inauguración en junio de 2015.

Final imprevisible

El pulso entre empresas y ACP ha llegado a su fin sin un resultado claro y con desgaste por ambas partes. La gestora de la infraestructura parece negarse a aplazar el retorno de sus anticipos, condición clave para que la caja entrante de GUPC no se queme en reintegros y pueda dedicarse a pagar las nóminas de los 10.000 empleados de la obra, así como a los proveedores. De los 785 millones de dólares adelantados por la ACP, más de 500 son de inminente devolución. Desde GUPC se insiste en que esos anticipos están garantizados con avales líquidos que la ACP podría ejecutar en cualquier momento. La solución no es mala para la operadora a la vista de que el tercer paso entre el Atlántico y el Pacífico, adaptado a buques Post Panamax, tiene pendiente a medio mundo. Comenzando por EE UU, principal usuario y país que está invirtiendo en adaptar sus puertos a los nuevos gigantes del mar. El desacuerdo con las constructoras retrasaría hasta cinco años el tercer juego de esclusas.

En cuanto a las compañías, saben que su nombre está en juego en un proyecto que es paradigma de la capacidad de la ingeniería actual. La propia ministra de Fomento viajó al epicentro de este terremoto en el inicio del año y recordó al presidente de Sacyr, Manuel Manrique, que la marca España está en juego. Pero con Sacyr en las portadas de medio mundo, el daño a la imagen está hecho y a la empresa le queda salvar los muebles.

El grupo español no ha provisionado ni un solo euro por las dificultades de cobro en el que es su mayor proyecto de construcción. Tras las fuertes pérdidas por el deterioro de la participación en Repsol, de donde parece condenada a salir a lo largo de este año para recortar más de 2.000 millones de deuda, la batalla en el Canal podría convertirse en el nuevo torpedo contra los resultados. Justo cuando Manrique y su equipo directivo venían apuntando beneficios a lo largo de todo 2013.

Desde su céntrica sede en Madrid, Sacyr ha tenido que resaltar su capacidad técnica para acometer los proyectos más complejos que puedan plantearse en cualquier lugar del mundo, especialmente en Latinoamérica, donde la crisis de Panamá resuena en países como Colombia. Este último tiene en juego más de 18.000 millones en autopistas, a las que aspira Sacyr.

Urge un armisticio. Un cierre de la crisis, aunque sea en falso, a la espera de que las monumentales reclamaciones de las constructoras sean vistas en una corte internacional de arbitraje. La batalla no ha hecho más que empezar.