Según PwC, se impulsarían inversiones de 15.700 millones

Acciona urge un nuevo modelo de gestión del agua

Una depuradora de agua en Baena (Córdoba)
Una depuradora de agua en Baena (Córdoba)

Una reforma del modelo de gestión del agua en España supondría un aumento de las inversiones por valor de 15.700 millones de euros hasta 2021. Esto se traduciría en un impacto agregado en el PIB de 12.600 millones de euros y en la creación de 23.700 nuevos puestos de trabajo.

El informe de PwC para Acciona La gestión del agua en España, análisis de la situación actual del sector y retos futuros señala que la nueva regulación permitiría eliminar “ineficiencias derivadas del derroche del agua” por valor de 2.500 millones de euros, y el ahorro adicional de 13.300 millones por la mejora de la eficiencia en la red y la reducción de las pérdidas de agua. Además, se reducirían las emisiones de CO2 en casi dos millones de toneladas hasta 2021.

El documento afirma que la escasez de agua, un déficit de inversiones en pro de la medida comunitaria, deficiencias de la regulación actual y la falta de unidad del mercado son algunos de los problemas del sector que necesitarían cambios. PwC apunta que un nuevo marco regulatorio para el sector del agua “atraería inversión de operadores especializados, dinamizando la economía y generando empleo” y también fomentaría la internacionalización de las empresas españolas en un sector en el que ya cuentan con sólidas credenciales y se garantizaría el cumplimiento de la legislación comunitaria en materia de agua, “evitando así posibles sanciones”.

En España, las inversiones en materia de agua suponen un 0,11% del PIB, lo que sitúa al país en el duodécimo lugar de la UE y por debajo de la media (27%). Además, el número de administraciones públicas con competencias en la materia y la ausencia de un marco regulatorio “lo suficientemente estable y predecible” contribuyen a la ineficiencia del modelo y “hacen conveniente la creación de un nuevo marco legislativo y regulatorio”.

Este informe sugiere que podrían llevarse a cabo la implantación de una metodología de obligado cumplimiento para calcular las tarifas del agua urbana, la vinculación de incentivos económicos a la aplicación municipal de la metodología y la definición detallada de las competencias municipales en agua para evitar duplicidades y propiciar la consecución de economías de escala.

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