El ICAC suspende el expediente a Deloitte por la auditoría de Bankia
Un informe de la abogacía del Estado con fecha 18 de diciembre solicitado por el Tribunal Contencioso Administrativo es la base para que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) se haya visto obligada a suspender, con carácter temporal, el expediente sancionador abierto por el ente dependiente del ministerio de Economía contra Deloitte por la auditoría de Bankia.
Según fuentes conocedoras del proceso, la raíz de la suspensión obedece a que Deloitte pidió al ICAC que solicitara, tanto a la CNMV como al Banco de España, información sobre el encargo que la compañía auditora recibió de ambos supervisores para que elevara un informa al consejo de administración de BFA de la forma en la que se debía llevar a cabo la segregación de los activos y pasivos a favor de Bankia.
En paralelo Deloitte pidió al ICAC que admitiera como prueba determinados informes de peritos y expertos que la auditora pretendía aportar y que según su criterio determinaban que había actuado "con diligencia y de forma estrictamente profesional en la elaboración y supervisión de los estados contables de Bankia".
Según estos medios, el ICAC se negó a aceptar ambos requerimientos. Deloitte entonces recurrió en alzada ante el Ministerio de Economia y ante el propio ICAC, pretensión que también fue rechazada. En ese momento decididó abrir la vía contencioso administrativa al objeto de demostrar que estaba sufriendo indefensión en el proceso.
Tras la admisión a trámite por el Tribunal Contencioso Administrativo, la Abogacía del Estado ha elaborado un informe de cuyo contenido se deriva la suspensión temporal que ahora ha decidido aplicar el ICAC. Ahora y a la vista del citado informe de la Abogacía del Estado, el Tribunal deberá decidir si ampara a Deloitte en su pretensión de que se le acepten determinadas pruebas en su favor o definitivamente las niegue, pero hasta ese momento el ICAC no podrá mantener la investigación abierta y asi se lo ha comunicado su presidenta, Ana María Martínez-Pina, al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, instructor del caso Bankia.