Carrefour prevé extender a su plantilla los beneficios sociales

Carrefour planea ampliar a toda la plantilla los vales de comida, los cheques guardería y las ayudas al transporte de cercanías como salario en especie. A esto sumará, además, el seguro médico para empleados y familia con hijos menores de 25 años, según informaron el viernes a Europa Press fuentes conocedoras de esta decisión.

El grupo de distribución tiene la intención de aplicar esta medida, de la que hasta ahora solo se beneficiaban los mandos, a partir de marzo o abril, con carácter voluntario y a petición del trabajador.

Dicho plan consiste en la sustitución del salario en metálico por estos productos que tributarían en menor medida o no estarían sujetos a retención del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), manteniéndose la retribución anual bruta.

Si bien, con las novedades en materia de Seguridad Social aprobadas el pasado 22 de diciembre, la empresa deberá empezar a cotizar por estos conceptos al sistema, debiendo abonar alrededor del 30% del valor de estos pluses. Por su parte, los empleados también verán recortado en torno a un 6% el valor neto de estas ayudas.

La dirección de la compañía ya ha presentado a los representantes de los trabajadores los productos que se incluirán en este plan, denominado Carrefour flexible, así como las condiciones, requisitos y ventajas que ofrece y modo de adscripción al mismo. Los representantes de los empleados han manifestado su conformidad con el lanzamiento de este sistema, aunque han señalado que se deben estudiar las incidencias tributarias de esta opción y ver las posibles ventajas de forma individualizada, ya que las franjas salariales del personal base no son equiparables a las de los mandos, siendo determinantes para el cálculo de las bases imponibles del IRPF, según fuentes sindicales.

Nuevas quejas

Esta decisión de la cadena francesa de distribución llega en medio de una oleada de críticas empresariales a la medida. Así, tras las primeras quejas de los sectores más afectados, como las empresas emisoras de vales de comida o las aseguradoras de salud y planes de pensiones, el viernes se sumó el rechazo de otras actividades empresariales. Es el caso de las asociaciones de servicios empresariales: Aspel, Aproser, Aseja y AMI, que arremetieron contra una medida que consideran “injustificada”. Según estiman, solo la nueva normativa sobre la cotización a la Seguridad Social del plus de transporte supone un incremento medio del 2% de los costes laborales fijos de los sectores empresariales de limpieza de edificios, seguridad privada, jardinería y mantenimiento.

Sin embargo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, desoyó el viernes todas estas críticas y negó que la medida vaya a destruir empleo. Por el contrario, defendió que dotará de “mayor transparencia y, sobre todo, igualdad” a los sistemas retributivos. Y es que, según dijo la vicepresidenta del Ejecutivo, la proliferación de las retribuciones flexibles eran una “carga injusta” para la Seguridad Social.

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