Un problema de gobernanza

El aplazamiento –casi a última hora– de la entrada en funcionamiento del SEPA, la denominada Zona Única de Pagos en Euros, constituye un nuevo ejemplo de las disfunciones que últimamente se producen en la gobernanza comunitaria. La Comisión Europea anunció ayer que el acuerdo será obligatorio el 1 de agosto –seis meses después de lo previsto– ante el riesgo de un bloqueo informático que podría afectar a millones de transacciones financieras. La razón que ha esgrimido Bruselas para justificar la prórroga es el retraso de las entidades financieras y empresas en adaptarse a las exigencias del acuerdo. El SEPA, que eliminará las fronteras intracomunitarias en transferencias y domiciliaciones, afectará a todos los europeos titulares de cuentas y a unos 20 millones de empresas y organismos públicos. Un ámbito lo suficientemente amplio y complejo como para prever –y hacerlo con tiempo– las dificultades de implantación y actuar en consecuencia. El frenazo del SEPA no es una excepción en los problemas regulatorios que sufre el sector financiero europeo. La aparente renuncia de Bruselas a aprobar la separación entre las actividades de banca comercial y banca privada en Europa, una iniciativa que EE UU ya ha puesto en marcha, apunta a que estamos ante un problema más de gobernanza que de mercado.