Tribuna

La CNMC, otro ejemplo de ‘marca España’ del PP

El controvertido macroorganismo para la regulación de los mercados y el control de la competencia –la CNMC– comenzó su andadura hace algo más de dos meses, y cada paso que se ha dado para su construcción, bien desde el Gobierno, bien desde la propia Comisión, no ha dejado de crear dudas sobre la máxima que debe cumplir un órgano de estas características: su independencia del Gobierno.

El inicio, después de muchas llamadas de atención de la Comisión Europea, fue cumplir el compromiso de Montoro, hecho en 2011, de que cesaría a los consejeros nombrados entonces, aun incumpliendo todas las normas europeas e internas que velan precisamente por no hacer coincidir los nombramientos de los consejos reguladores con el Gobierno de turno.

Con el mantra de reducir costes, se desmantelaron los organismos reguladores y la Comisión Nacional de la Competencia y en un tótum revolútum se aprobó la ley por la que todos los reguladores y la competencia se unían en un solo organismo con diez nuevos consejeros que han de dar respuesta, con la eficacia a la que pueden llegar, a una amplísima casuística que requiere una alta especialización en cada materia

Pero, nombrados los nuevos consejeros, el Gobierno se dio cuenta de que no había cesado a los de los organismos extinguidos. No hay problema que se resista al Gobierno, y nos descubrió una figura novedosa para este caso, el cese con carácter retroactivo; y de esta forma publicó los RD de cese sin más explicaciones, ni motivaciones para el cese de los legalmente nombrados, habiendo estado estos trabajando sin saber que en realidad el Gobierno iba a decir después que estaban cesados. Nada anómalo detectó el organismo en estos reales decretos.

La Comisión Europea, en respuesta escrita en el Parlamento Europeo el 13 de diciembre, expone que está “evaluando la compatibilidad de la legislación aplicada con los requisitos aplicables en el marco de la legislación de la UE sobre las condiciones de cese de los presidentes y consejeros de las autoridades nacionales de reglamentación”. Y mientras la Comisión elabora sus conclusiones, la CNMC ha ido confeccionando y nombrando a sus puestos directivos. Esa fue una de las preocupaciones expuestas en una de las múltiples misivas remitidas al Gobierno por la comisaria Neely Kroes: “La independencia de los órganos de dirección de la CNMC, en particular el nombramiento de sus directores, y el régimen jurídico del personal directivo”. Esta llamada de atención provocó una modificación en el proyecto de ley, así los directores ya no podían ser nombrados a propuesta del Gobierno, y la ley incluyó de modo ambiguo que serán nombrados mediante convocatoria pública y con procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Pero para la CNMC, este precepto es música, pues ha nombrado a los directores de instrucción mediante el sistema digital, sin que hayamos conocido norma alguna para su nombramiento. Pero el consejo abunda más en el despropósito y el incumplimiento de la ley nacional con el nombramiento de los subdirectores, pues de acuerdo con el comunicado de la CNMC en su página web el 21 de noviembre, el consejo completa el organigrama con los nombramientos de los subdirectores de cada área de actividad, publica nombres y apellidos de los que se encargarán –se encargan ya– de cada subdirección; sin embargo, en otro olvido, los nombró sin sacar previamente la convocatoria del proceso selectivo para la provisión de estos puestos de trabajo, tal y como establece el artículo 26 de la ley de creación de la CNMC.

El consejo completa el organigrama el 21 de noviembre y el 11 de diciembre el Boletín Oficial del Estado publica la resolución por la que se convoca el proceso selectivo. Es decir, se han seleccionado a las personas que ocupan ya los cargos de subdirectores antes de sacar la convocatoria, a la que es probable que nadie más que ellos se moleste en presentarse. A hechos consumados ya solo nos queda esperar que la Comisión Europea, gran defensora de la independencia del organismo, acabe de hacer su evaluación y nos aclare la legalidad de las actuaciones o, en caso contrario, las corrija, como por cierto ya hizo en un caso similar con Hungría.

María José Vázquez es Diputada por Sevilla y portavoz adjunta de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista

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