Las eléctricas arremeten contra Industria
Una torre de alta tensión
Una torre de alta tensión REUTERS

La CNE validó en 2010 una subasta de gas con menos ofertas que la última Cesur

La falta de competitividad que Industria ha esgrimido para anular la vigésimo quinta subasta Cesur del jueves 19 no es un hecho sin precedentes, como aseguró ayer el ministro de Industria, José Manuel Soria. En 2010 se produjo una situación similar, o peor aún, en una subasta de capacidad de almacenamiento subterráneo de gas natural organizada también por el operador del mercado, Omel (hoy Omie), y supervisada y validada por la antigua Comisión Nacional de la Energía.

Se trataba de la tercera subasta de asignación de capacidad de almacenamiento subterráneo de gas natural que se celebró en marzo de aquel año, en la que se adjudicaron un total de 7.397 GWh, casi el doble que el año precio, para el periodo del 1 de abril de 2010 a 31 de marzo de 2011. La subasta se cerró “en una sola ronda”, al precio de salida, que implicaba un descuento de 1.000 euros por GWh sobre el peaje anual de almacenamiento subterráneo, según datos que figuran en el informe de la CNE de supervisión del mercado mayorista de gas de diciembre 2010, publicado en la página web del regulador energético.

En aquella ocasión no hubo interés por el producto y se asignó según lo solicitado en la primera ronda, con lo cual, habría dado igual subastar que adjudicar directamente a las comercializadoras al precio de salida. En el caso de la última subasta eléctrica invalidada por el Gobierno con la consiguiente intervención de los precios, este ha argumentado que el volumen subastado era inferior al de subastas similares; que el volumen retirado resultaba también muy alto y que la Cesur terminó en la ronda séptima, cuando nunca antes se había cerrado antes de la ronda 12a.

En el sector del gas son también habituales las subastas promovidas por el Ministerio de Industria, que publica semanas antes una resolución con las condiciones de las mismas, los volúmenes y los precios de partida. Además de la antes citada de adjudicación de capacidad para almacenes subterráneos, también se subastas la adquisición de gas natural de operación y gas talón y la Cesur del gas, para determinar el precio del combustible en la tarifa de último recurso (TUR) del gas.

En el caso de la tercera subasta de capacidad para almacenamiento subterráneo, el órgano regulador se planteó no validarla, pero surgieron dudas sobre la legalidad de anular una subasta “por falta de presión competitiva”, que es precisamente la razón que viene a esgrimir Industria en la resolución publicada el sábado sobre los motivos de la invalidación. En cualquier caso, fuentes jurídicas distinguen entre suspender una subasta antes de que se celebre que anular después el resultado.

En la relación de normas que regulan la subasta (esencialmente, la Orden Ministerial 1659/2009) que la propia resolución del sábado incluye, ninguna hace referencia a que la falta de competencia puede ser motivo de anulación. Solo prácticas delictivas que puedan suponer restricciones a la competencia u otras faltas en el desarrollo del proceso.

Este antecedente de la subasta del gas puede ser utilizado como argumento jurídico por los agentes que pueden considerarse perjudicados por la decisión del Gobierno, la cual pueden recurrir ante la Audiencia Nacional. A la Cesur anulada acudieron 36 agentes, entre entidades financieras, de trading y empresas del sector (generadoras, comercializadoras e incluso petroleras).

Teniendo en cuenta que el propio secretario de Estado de Energía en la resolución publicada el sábado en el BOE no haga referencia alguna a un posible delito, solo a la falta de ofertas y compe tencia en la subasta, fuentes empresariales se muestran muy sorprendidas por el empeño del ministro en atribuir una posible manipulación al proceso. Otra cuestión es la evolución de los precios eléctricos en los días previos a la subasta, que la CNMC ya investiga tras la pe tición que le hizo el ministerio el pasado día 10.

Por otra parte, Manos Limpias ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional contra el presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica, Eduardo Montes, y las compañías eléctricas relacionada con la subasta del jueves para fijar la tarifa de la luz.

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