Cómo puede Empleo ajustar más el gasto

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante una intervención en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado. EFE

Bruselas duda de que España pueda cumplir el objetivo de déficit para 2014;y le ha puesto deberes: ahorrar otros 2.500 millones. Aunque en un principio desde el Ministerio de Economía se atribuyó este ajuste a una posible segunda ronda de la reforma laboral, desde el Departamento que dirige Fátima Báñez dicen una y otra vez que no;que no habrá esa vuelta de tuerca, salvo una simplificación administrativa y alguna modificación del contrato a tiempo parcial. Pero estos cambios que apuntan desde Empleo no conseguirían en ningún caso este ahorro millonario. ¿Qué podrían hacer entonces desde este Ministerio para contribuir al ahorro que exige Bruselas?

Fuentes de este departamento niegan tajantemente que el Gobierno esté pensando en un nuevo ajuste en la prestación por desempleo u otro tipo de ayudas a parados. Sin embargo, la Ley de Mutuas, cuyo anteproyecto tiene previsto aprobar hoy el Consejo de Ministros, sí podría contribuir, en parte, a este ahorro. Esta nueva norma pretende clarificar la naturaleza privada de las mutuas, que son, a la vez, entidades colaboradoras de la Seguridad Social que gestionan unos 8.500 millones de cotizaciones sociales provenientes del 80% de las cuotas por contingencias comunes y de más del 95% de la cuota de accidentes. Con esta clarificación la ley permite la competencia entre ellas, algo que ahora la normativa tiene en suspenso.

Asimismo la futura regulación quiere terminar con posibles irregularidades de gestión y fraudes en el uso de estos fondos públicos, puestas de manifiesto por distintas sentencias de los tribunales. Y acotar algunos gastos corrientes de los equipos directivos de estas entidades.

Esto supondrá cierto ahorro;pero aún será mayor el ajuste de costes en incapacidad temporal, con un mayor control del absentismo, según adelantó recientemente la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Para efectuar este mayor control, el Gobierno planea dar más poder de gestión a las mutuas en las bajas por enfermedad común.

Sin llegar a que los médicos de estas entidades emitan altas de este tipo de bajas comunes –ya las emiten cuando la baja es por accidente laboral– la ley podría aumentar el peso de las propuestas de alta que hacen estos facultativos y acortar los plazos en los que los médicos de la sanidad pública deben pronunciarse sobre dichas propuestas de las mutuas (ahora diez días).

No hay estadísticas oficiales sobre el número de altas propuestas por las mutuas a los servicios regionales de salud o al INSS. Si bien el sector aseguran que las mutuas proponen más de 140.000 altas de trabajadores cada año y de estas se calcula que como mínimo hay cerca de un 60% que “se quedan en el cajón” y ni siquiera se evalúan, según fuentes de la gestión sanitaria.

Igualmente, Empleo baraja permitir a las mutuas que elaboren sus propios planes de confirmación de partes de baja en función de cada dolencia e incentivar acortar los periodos de baja por accidente laboral.

A esto podría unirse una mayor utilización de los hospitales y los equipos de diagnóstico de estas entidades desde el primer día de la baja.

Los cálculos de las mutuas

El Gobierno aún no ha detallado cuanto ahorro en bajas permitirán estos cambios. Si bien podría superar el ajuste que se viene produciendo en esta partida en los últimos años que en algunos ejercicios a llegado a superar los dos dígitos, en una partida que asciende a casi 6.000 millones de euros este año.

En cualquier caso la patronal de las mutuas ha elaborado su propio cálculo en el que si además de lo citado se permitiera a sus facultativos dar el alta y destinar el 1% de la cuota de accidentes a prevención, la Seguridad Social ahorraría hasta 2.300 millones anuales.

Contrato a tiempo parcial y un nuevo software

Los responsables del Ministerio de Empleo no sabían con seguridad ayer si finalmente el Consejo de Ministros de hoy daría el visto bueno a la propuesta del Gobierno para aumentar la utilización de los contratos a tiempo parcial. Según su plan inicial, los cambios en esta normativa consistirán básicamente en permitir la jornada parcial también en los contratos fijos de emprendedores para empresas de menos de cincuenta trabajadores y con un periodo de prueba de un año con despido gratuito en esos meses.

Asimismo, Empleo estaba negociando con los interlocutores sociales algún otro ajuste en materia de flexibilización horaria que, previsiblemente, no llegará a cumplir la petición patronal de que el empresario pueda convertir unilateralmente un contrato a tiempo completo en uno de jornada reducida. La nueva normativa “también podría incluir algún tipo de incentivo a los empresarios vía bonificación en las cotizaciones u otra fórmula”, indicaron fuentes de la negociación.

Lo que sí tiene intención de presentar hoy Empleo es la reforma burocrática de los contratos. Los 42 formularios de contratación (más de 80 si se tienen en cuenta los subformularios de subvenciones) se reducen a cuatro: indefinido temporal, formativo y en prácticas. El empresario solo deberá escoger, “con un nuevo y potente software” una de estas cuatro opciones y un programa informático le dará, después, la opción de escoger la jornada y las bonificaciones en función de las características de cada trabajador.