Editorial

La ineficacia de un Fogasa atascado

El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) tiene como misión abonar sueldos e indemnizaciones a los trabajadores a los que las empresas no han podido satisfacer por encontrarse en situación de insolvencia o de concurso. Su filosofía principal es, entre otras, protejer a las empresas en crisis, dado que fomenta el mantenimiento del empleo y la continuidad empresarial, mediante el abono de ciertas prestaciones –a fondo perdido– sin necesidad de declaración de insolvencia. Frente a esto, el Gobierno ha decidido suprimir la prestación que este organismo venía dando hasta ahora a todas las empresas de menos de 25 trabajadores en los casos de despido por causas económicas. Una prestación que suponía ocho días de salario, de los 20 que establece ese tipo de despidos, hasta una cuantía máxima equivalente a un año de retribución. Es evidente que esta decisión está íntimamente ligada a los ajustes presupuestarios, a los que puede aportar varios centenares de millones de euros. Sin embargo, la crisis sirve una vez más para sacar a la superficie ineficiencias administrativas de calado. En este caso, que el Fogasa ha tenido que pedir socorro a la empresa pública Tragsatec para desatascar los 180.000 expedientes que tenía paralizados. Es como si el salvavidas necesita urgentemente un socorrista.

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