Tribuna

Acuerdo extrajudicial de pagos y mediación

El despliegue y aplicación práctica de la Ley Concursal en medio de una situación económica y social excepcional dificulta mucho su valoración A lo largo de estos últimos años, hemos venimos escuchando que la Ley 22/2003, de 9 de julio Concursal, no ha logrado el objetivo deseado, salvar empresas en situación de insolvencia. Es obvio que todas las empresas que han acabado en liquidación dentro de procesos de concursales, no lo han sido por deficiencias de la ley, sino que son varios los factores que han confluido. Si bien, todo es susceptible de mejora, y, de hecho, a tal efecto se han debido las diversas modificaciones que han afectado a la ley concursal, sí que es cierto que, cuando menos, nos ha dotado de “las reglas de juego” con las que actuar a los diferentes operadores y agentes intervinientes en los procesos de insolvencia y, por suerte, su aprobación fue previa al inicio de la crisis económica. En nuestro país carecíamos, en general, de experiencia suficiente para gestionar estos procesos, tanto desde un punto de vista social como económico, para empresas y particulares y, también hay que decirlo, por parte de profesionales.

Por destacar lo positivo, hay que recordar que estamos dotados de un sistema judicial que funciona pese a su lentitud, fruto de limitados recursos humanos y materiales, y, también, lo loable que ha sido, en todos estos años, la actuación de los Jueces y Magistrados del ámbito mercantil, que no sólo han tenido que dirimir y gestionar un gran número de procesos concursales que han colapsado sus Juzgados, sino que, además, han participado de forma muy activa en la construcción del mundo concursal, tanto por medio de sus Sentencias, como por su labor de interpretación de preceptos legales y creación de doctrina, con su unificación de criterios y con una gran colaboración en la formación académica a los profesionales del sector. Todo ello nos ha permitido, ya a estas alturas, tomar una gran conciencia de todo esto, no estigmatizar a los deudores-concursados y contar con una experiencia que antes no teníamos y esto, sin duda, es un gran activo.

En este contexto nace la Ley de Apoyo a los Emprendedores que establece un nuevo instituto pre-concursal –el acuerdo extrajudicial de pagos- e introduce la figura del mediador-concursal y la, por algunos denominada, “segunda oportunidad” para determinados deudores en algunos supuestos que reúnan determinados requisitos.

Podemos entender a quienes afirman que la modificación de la Ley Concursal por medio de la Ley de Emprendedores podría haber sido mejor y haber dado un paso más. Pensamos que, posiblemente, de haber ido más allá en cuanto al contenido, en principio, nos podría haber dotado de mayor juego y más frutos. En este sentido, podría haber establecido, entre otros aspectos, la obligatoriedad de acudir los deudores a institutos pre concursales a tiempo, haber equiparado las quitas y esperas que prevé esta Ley para obtener el acuerdo extrajudicial de pagos a las actuales quitas y esperas, más favorables, previstas en la Ley Concursal para alcanzar convenios de acreedores en sede concursal judicial y ¿por qué no? haber vinculado al acuerdo extrajudicial de pagos a los acreedores con garantía real y a créditos públicos. Sin embargo, aunque todo esto podría haber sido oportuno, también somos conscientes de que en un sistema tan garantista y encorsetado como el nuestro, no es fácil lograr el equilibrio entre garantías de acreedores, seguridad jurídica y una mayor capacidad de gestión eficaz.

Dicho esto, la Ley está aquí. Entendemos que no es tiempo de dedicar todos los esfuerzos y energía a efectuar una constante crítica sobre esta ley, ni a efectuar valoraciones en torno a la adecuada figura del mediador concursal, lo que corresponde ahora es seguir pensando en el futuro, y éste, a corto plazo, posiblemente, seguirá viéndose muy condicionado por una falta de liquidez y crédito de nuestro sistema económico y financiero, por lo que, desgraciadamente, seguiremos viendo más situaciones y procesos de insolvencias.

Así, ante un escenario todavía previsible a corto plazo de dificultades lo que le consideramos corresponde al legislador es desarrollar reglamentariamente ya, lo antes posible, las novedades introducidas en materia de insolvencia por la Ley de Emprendedores, para que el sistema judicial pueda aplicarlas y crear doctrina y para que el resto de agentes intervinientes y el conjunto de la sociedad tengamos más herramientas para gestionar mejor, de una forma más moderna y mucho más útil para nuestro tejido empresarial y, por ende, para la sociedad.

María José Moragas y Valentí Pich son abogada y economista, respectivamente.

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