Una unión bancaria imperfecta
Los gobiernos europeos, sobre todo los sureños, muy endeudados y castigados por los mercados financieros desde 2010, llevan años suspirando por un mecanismo europeo de resolución de crisis bancarias que blinde las finanzas públicas de sus Estados, y evite efectos de arrastre como los que en Irlanda llevaron al país al rescate y al borde del impago y que en España solo se evitó por la dimensión localizada de la infección bancaria. Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro han intensificado sus contactos en las últimas semanas para cumplir con el compromiso político que les obligaba a disponer de tal mecanismo este mismo año.
Lo lógico es que el consenso se cierre antes de que la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno le dé todas las bendiciones el próximo 19 de diciembre en Bruselas. Pero ya parece que cada vez hay menos posibilidades de que el sistema de resolución de crisis bancarias sea tan europeo como los gobiernos de los países más vulnerables desearían, aunque se unifiquen los criterios de medición de los riesgos, los de calibrado de los niveles de solvencia y la labor de supervisión, que estará en manos del Banco Central Europeo.
La fortaleza de Alemania, unida a la prisa inconveniente, pero justificada, de los países periféricos, arrojará un mecanismo en el que los primeros financiadores de una liquidación serán los recursos de la entidad, después los aportados por su país de origen, y solo después por el fondo de resolución bancaria (que se financiará por la totalidad de los bancos de la eurozona en función de los depósitos garantizados) o, si fuere necesario, por la ayuda adicional del Mecanismo Europeo de Estabilidad (fondo de rescate).
Alemania quiere preservar también la última palabra en la decisión de liquidación un banco, una operación inhabitual en Europa, pero bastante corriente en EE UU en cuanto aparece una crisis. Mientras que casi toda Europa se posiciona en disponer de una autoridad institucional para ello, sea la Comisión o un instrumento creado para ejercer tales funciones, Berlín quiere guardar ciertas cotas de poder en manos de los Gobiernos, especialmente si se trata de entidades de pequeño tamaño, aquellas no incluidas entre los 128 entidades supervisadas por el Banco Central.
El proyecto de unión bancaria camina hacia una resolución imperfecta, pero desde luego hacia una fórmula que no existía antes de la crisis y que ha estado a punto de costar a los europeos su más preciado proceso de integración económica, y cuando España ya parece haber superado, no sin coste financiero y de restricción del crédito, su particular ajuste bancario. Menos es nada, pero una unión monetaria plena exige una unión bancaria plena para que los mercados no hagan más distingos en la calificación y financiación del sistema bancario que los niveles de solvencia que cada entidad se construya con su gestión.