Impuestos que ayuden al PIB y respeten el déficit
La hoja de ruta que se ha marcado el Gobierno para implementar la futura reforma fiscal contará finalmente con tres tiempos o velocidades. Como anunció ayer el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, durante su intervención en el Foro CincoDías, el objetivo del Gobierno al escalonar la aplicación de la reforma –que finalizará en 2016 o 2017– es garantizar que la aportación individual de ingresos públicos por contribuyente que traerá presumiblemente consigo no impedirá que España cumpla con sus objetivos de déficit fiscal. La hoja de ruta diseñada por Hacienda supone que algunas medidas se aplicarán ya en 2014 –fecha en la que está prevista la aprobación del texto– y que otras no lo harán hasta 2017, después de las elecciones generales. Entre las novedades adelantadas por el secretario de Estado de Hacienda destacan las rebajas de tipos nominales en el IRPF, así como la retirada en 2015 del recargo extraordinario que el Gobierno aprobó en diciembre de 2011. Una medida que supuso elevar hasta siete puntos el marginal máximo del impuesto y que el propio Mariano Rajoy prometió retirar cuando las circunstancias económicas lo permitiesen.
A la vista del incipiente goteo de datos positivos y de la mejora de las previsiones, ese momento habrá llegado en 2015, tras un 2014 en el que todo apunta a una paulatina recuperación de la actividad económica. Ello explica también que la reforma que ha diseñado el Ministerio de Hacienda apueste por incentivar el ahorro a largo plazo con medidas como la mejora del tramo del ahorro en el IRPF –cuyos tipos han experimentado también una subida fiscal por parte del Gobierno– y el aumento de incentivos para que los contribuyentes destinen mayor parte de su renta a los planes de previsión social para la vejez. Esta última medida resulta ineludible si se quiere afrontar con garantías de éxito, desde todos los puntos de vista y con todas las herramientas disponibles, el problema de la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
La reforma del Gobierno parte de un presupuesto que a estas alturas pocas voces, si es que existe alguna, discuten ya: la flagrante ineficiencia del sistema fiscal español, en el que la aportación del IVA o de sociedades son las más modestas de toda la Unión Europea en relación al PIB. La necesidad de hacer frente a ese problema se justifica, entre otras, por dos grandes razones. La primera tiene que ver con la falta de equidad que subyace a una legislación tributaria que grava de forma férrea las rentas del trabajo y posibilita ampliamente la optimización de la factura fiscal de las grandes empresas. La segunda razón se refiere a la necesidad urgente de aumentar la renta disponible de los españoles como fórmula para despertar una demanda interna que continúa bajo mínimos y resulta indispensable para estimular la recuperación. Respecto a la gran empresa, Ferre aseguró que el Gobierno apostará por seguir reduciendo algunas de las facilidades fiscales de que disfruta la gran empresa, como ha ocurrido ya con la limitación de la deducción de gastos financieros, la supresión de la libertad de amortización o la prohibición de desgravar las pérdidas generadas por entidades participadas en el exterior.
Ello no supone ninguna ofensiva fiscal en contra de este segmento empresarial, que resulta fundamental para apuntalar la recuperación económica y ha demostrado su fuerza como motor de internacionalización, sino ajustar de forma más eficiente y mejor repartida el reparto de la carga tributaria entre los distintos operadores. En esa misma línea, el Gobierno apuesta por incrementar los incentivos para los emprendedores y las pequeñas empresas, una medida más que necesaria en un país cuyo tejido empresarial y productivo está integrado en un 99% por pequeñas empresas. La conjunción de todas esas medidas pretende un objetivo común: alimentar los distintos motores que son necesarios para arrancar y sostener el crecimiento económico en nuestro país. Si los rigores de la crisis han recaído sobre el conjunto de la sociedad española, que ha realizado un esfuerzo extraordinario, los beneficios de la reforma fiscal deben recaer también sobre ella, por razones de eficiencia y por razones de equidad. Pero respetando siempre el rigor de las cuentas públicas, para no echar a perder lo conseguido en los últimos años.