La cantidad estafada ascendería a nueve millones de euros
Los secretarios de Estado de Empleo y de Seguridad Social, Engracia Hidalgo y Tomás Burgos, respectivamente, durante la última rueda de prensa de los datos del paro.
Los secretarios de Estado de Empleo y de Seguridad Social, Engracia Hidalgo y Tomás Burgos, respectivamente, durante la última rueda de prensa de los datos del paro. EFE

Detenidas 252 personas en la Comunidad Valenciana por un fraude a la Seguridad Social

La estafa consistía en un entramado de empresas ficticias para acceder a prestaciones por desempleo

La cantidad defraudada asciende a 8.815.601,25 euros

Una operación conjunta de la Inspección de Trabajo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad Valenciana ha permitido detener a un total de 252 personas por su presunta relación con un fraude a la Seguridad Social que asciende a 8.815.601,25 euros, según informó el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en un comunicado. Según este departamento, el fraude detectado en la operación Costa, presuntamente consistía en un entramado de empresas ficticias para el acceso indebido a prestaciones por desempleo y la obtención fraudulenta de autorizaciones para trabajar en España destinadas a trabajadores extranjeros.

La cantidad defraudada asciende a 8.815.601,25 euros, de los que 4.691.613,97 corresponden a la Tesorería General de la Seguridad Social y 4.123.987,28 al Servicio Público de Empleo estatal.

Altas fraudulentas

Las investigaciones practicadas han permitido determinar que las empresas ficticias supuestamente habían solicitado el alta fraudulenta en la Seguridad Social de 1.701 personas, de las que 517 obtuvieron algún tipo de prestación o subsidio por desempleo y 91 extranjeros regularizaron su situación en España.

Estas actuaciones se enmarcan en el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el del Interior sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

Además, el Ejecutivo resaltó ayer que durante el transcurso de toda la operación ha sido “fundamental” la participación de todas las Inspecciones Provinciales, de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y de las Jefaturas superiores de la Comunidad Valenciana y Murcia.

Desde enero de 2012 el Gobierno ha intensificado las actuaciones realizadas en materia de lucha contra el fraude a la Seguridad Social y para combatir el empleo irregular. Fruto de esta campaña, se han producido ahorros de 6.152 millones de euros, según los últimos datos publicados en octubre pasado. En el capítulo de la detección del fraude en las prestaciones por desempleo, las actuaciones de verificación y control del cumplimiento de la normativa han permitido ahorrar hasta ahora 3.161 millones. En este periodo se han llevado a cabo más de 2,5 millones de actuaciones de control que han dado como resultado la sanción a un total de 520.572 perceptores de prestaciones por desempleo.

La mayoría de los beneficiarios de estas ayudas fueron sancionados por el incumplimiento de requisitos tales como la ausencia de comunicación de rentas o de prestaciones, así como la no renovación de la demanda. En estos casos, las sanciones van desde la suspensión de uno a seis meses del cobro de la prestación, en su mayoría, hasta la retirada total de la prestación, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Sin embargo, la mayor bolsa de fraude se concentra en la lucha contra el llamado empleo irregular, donde además de haber endurecido las penas en caso de fraude, se han reforzado los efectivos para el control con la incorporación de 121 inspectores y subinspectores. Asimismo, se ha avanzado en la coordinación entre las distintas administraciones públicas. Fruto de todo ese trabajo, se han realizado un total de 35.761 inspecciones a empresas ficticias y se han recaudado 557 millones de euros.

También, se han producido ahorros en otras prestaciones distintas a desempleo: fraudes en materia de incapacidad temporal, de complementos a mínimos o de jubilaciones parciales, que han permitido un ahorro de 408 millones o actuaciones para aflorar cantidades no declaradas a la Seguridad Social por importe de 1.714 millones.

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