Editorial

Con la competencia no se juega

La sanción impuesta por la Comisión Europea a varias entidades por haber manipulado las referencias de los tipos de interés –euríbor y tíbor– supone un antes y un después en las relaciones entre Bruselas y el sector financiero. La cuantía de la multa, de 1.710 millones de euros en total, coloca a estas entidades a la cabeza del ranking de sanciones comunitarias por violar las normas de competencia. Los bancos multados –Deutsche Bank, Société Générale, Royal Bank of Scotland (RBS), JP Morgan y Citigroup– y el bróker RP Martin han sido sancionados por haber pactado durante años el euríbor y el tíbor, referencias del tipo de interés aplicado en el mercado interbancario a numerosos productos financieros. Otras dos entidades han estado vinculadas al proceso –Barclays y USB–, pero no han sido multadas por haberse acogido al programa de clemencia de Bruselas, que otorga beneficios a las compañías que denuncian una práctica contra la competencia o colaboran en una investigación.

El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, confesaba ayer no ser “el único” en haber cambiado su opinión sobre el funcionamiento del sector financiero en los últimos años. Unas palabras que dejan entrever que algo sustancial ha cambiado en la imagen del sector en Bruselas y que ese cambio puede traer consecuencias sobre el terreno. Además de este expediente, la Comisión Europea mantiene abiertas otras investigaciones. Es el caso de una presunta manipulación en los CDS, en los mercados de divisas o en productos denominados en francos suizos. Todo ello hace prever que la vigilancia de las autoridades de competencia sobre el sector se intensifique, más aún tras una crisis que ha puesto sobre la mesa la importancia de aumentar la transparencia y fortalecer la supervisión en la prestación de servicios financieros.

No hay duda de que todo ello –más transparencia y mayor control– redundará finalmente en beneficio de un mercado que ha visto dañada su imagen en los últimos años. Supervisar y sancionar las malas prácticas, tal y como ha hecho Bruselas, puede traer consigo dos grandes ventajas. La primera es ayudar a separar el grano de la paja, de forma que se identifique con claridad qué empresas inciden en malas prácticas y cuáles no. En ese sentido, hay que destacar y congratularse de que en este expediente de Bruselas no figure ninguna entidad financiera española. La segunda es colaborar en el proceso de recuperación de la confianza en los servicios financieros, un presupuesto imprescindible para asegurar el normal funcionamiento del mercado. A ello hay que sumar, además, un aviso a navegantes que sigue siendo necesario: el hecho de que incumplir las normas tiene consecuencias.

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