El Gobierno tiene que ceder el 58% del nuevo impuesto del gas
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ayer en Londres.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ayer en Londres. Efe

Industria ‘regala’ a las autonomías 500 millones del 'céntimo verde'

El Gobierno lo parobó para el sistema eléctrico y ha rectificado

Se trata de un impuesto medioambiental

Forma parte del nuevo déficit de 3.600 millones

No son ni una ni dos, sino 14 las enmiendas relevantes que el Grupo Popular en el Senado ha presentado al proyecto de ley del sector eléctrico. Para corregir un grave error, dos de ellas modifican sendas leyes de diciembre de 2012: la de Presupuestos del Estado y la de medidas fiscales para la sostenibilidad energética por la que se crearon los tributos energéticos que entraron en vigor el 1 de enero). Esta establecía que la recaudación del nuevo impuesto de hidrocarburos que los usuarios pagan en la factura del gas, el mal llamado céntimo verde, se destinaría a sufragar costes del sistema eléctrico para corregir el déficit de tarifa. Se calcula que dicha recaudación serán unos mil millones.

 Sin embargo, al tratarse de un impuesto medioambiental, un 58% de sus ingresos deben ir por ley a las comunidades autónomas. Aunque al pintar de verde este tributo la intención del Gobierno era evitar su solapamiento con otros impuestos que lo habrían hecho inviable, su carácter medioambiental le obliga a destinarlo a las arcas autonómicas. Aunque los expertos ya advirtieron al ministerio de este error, ha sido una sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó en abril una norma medioambiental de Castilla la Mancha, la que ha hecho recapacitar a los abogados del Estado, que ha decidido entregar el citado porcentaje a las comunidades autónomas.

Pero, eso sí, solo este año, pues, según establece la segunda de las enmiendas, a partir de 2014 “la totalidad” de la recaudación irá a la tarifa eléctrica. Las comunidades, que mentienen su derecho, serán compensadas por otra vía, como ocurre con los impuestos autonómicos a la banca.

La medida provocará un agujero en el sistema eléctrico de unos 500 millones respecto a lo previsto en la orden de peajes de agosto, que estimaba una recaudación por todos los tributos energéticos de 2.900 millones este año. Y es una de las tres partidas presupuestarias (las otras son el crédito extraordinario para la tarifa de 2.200 millones y 900 millones de los incentivos a las extrapeninsulares)que ha llevado al Gobierno a reconocer, en otra de las enmiendas, un déficit de 3.600 millones este año, “sin perjuicio” de otros desajustes añadidos. Estos importes serán financiados a 15 años y a precios de mercado por las cinco grandes eléctricas de Unesa. Su presidente, Eduardo Montes, estimó ayer que el desfase puede situarse finalmente entre 4.500 y 5.000 millones de euros.

Tras las declaraciones del lunes del ministro de Industria, José Manuel Soria, en las que aseguraba que la cesión del déficit de 2013 tendría el aval del Estado, el secretario de Energía, Alberto Nadal, puntualizó ayer que “habrá que hablarlo”. Las eléctricas han denunciado presiones del ministerio para que retiren sus recursos ante el Supremo contra la orden de tarifas de agosto. Se especula con que, a cambio, podrían recibir es el aval del Estado, aunque Montoro no está dispuesto a dar más garantías públicas.

Según Nadal, el Gobierno nunca va a permitir” una subida de la luz del 14% “de golpe” por la retirada de las partidas presupuestarias. El secretario hizo estas declaraciones en unas jornadas en las que dio algunas pinceladas de una nueva reforma: la del gas.

El Gobierno deroga la ‘existencia’ de una ley

La más soprendente de las enmiendas del Grupo Popular en el Senado al proyecto de la ley eléctrica, es una disposición por la que se deroga con carácter retroactivo la ley 15/2003 por la que se concedió un crédito extrarodinario por un máximo de 2.200 millones a Industria con destino al sistema eléctrico. No conforme con suspender este crédito (cuyo desembolso no era obligatorio para Hacienda), el Gobierno ha decidido derogar la ley que lo aprobaba “con efectos del 19 de octubre”, esto es, del día en que entró en vigor. Fuentes jurídicas aseguran que “es lo nunca visto, pues se pretende derogar la existencia de una ley que ha existido”.

Este “fotoshop” para hacer desaparecer una norma responde, según las mismas fuentes, al pánico del Gobierno a que el Tribunal Supremo admita las cautelares solicitadas por las tres grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, al Tribunal Supremo contra la orden de tarifas de agosto, donde estaba incluido dicho crédito.

Y es que aunque se derogue dentro de unos días, cuando se apruebe la ley eléctrica, el alto tribunal puede apelar a sus dos meses de existencia. Pero la medida, “digna de un manual de derecho, podría enfadar también a los jueces”, subrayan.

El proyecto de ley fue aprobado ayer por Comisión de Energía, Industria y Turismo del Senado, tras ser rechazados los seis vetos de los partidos de la oposición. Al texto se han incorporado 31 enmiendas, la mayoría del Partido Popular. Tras su aprobación por el pleno del Senado será devuelta al Congreso para su ratificación. El Grupo Socialista decidió ayer abandonar la Comisión de Energía del Senado tras la decisión del PP de presentar una nueva enmienda fuera de todos los plazos, lo que según los socialistas vulnera el Reglamento y "una falta de respeto a la Cámara"..

Se trata de la polémica enmienda sobre el déficit de 3.600 millones, que se cambia de nuevo para aclarar que la deuda no la pagarán por igual todas las tarifas

Las renovables saldarán sus primas en nueve meses

Uno de los cambios propuestos por el PP al proyecto de ley del sector eléctrico hace referencia al plazo en que las plantas de energías renovables deben saldar sus primas. Desde el pasado 12 de julio en que se aprobó el RDL de medidas urgentes por el que se elimina el sistema de primas, las empresas cobran a cuenta unos incentivos que serán sustituidos por un nuevo mecanismo de retribución basado en estándares de inversión y de costes de operación.

En este sentido, se amplía de seis a nueve el número de liquidaciones mensuales en que las empresas deberán devolver lo cobrado de más una vez que se aplique la nueva retribución. No obstante, reglamentariamente, el ajuste se podrá hacer incluso “en más de nueve liquidaciones”.

Por el momento, el desarrollo de este capítulo del RDL (el RD de renovables y la orden ministerial con los estándares) está sufriendo un fuerte retraso y no se prevé que el nuevo modelo se aplique antes de febrero o marzo. Para la elaboración de los estándares Industria contrató este verano a Roland Berger y Boston Consulting. Por cierto que otra de las enmiendas del PP elimina el endurecimiento de las incompatibilidades que para este tipo de contratos establece el proyecto de ley eléctrica. Algo que beneficia a estas dos firmas.

Para evitar sorpresas, el Gobierno deja claro en otra enmienda que los ingresos derivados del saldo de las primas (según sus cálculos 750 millones entre julio y diciembre)se destinarán a cubrir costes del sistema de 2013, aunque se cobren en un futuro. Ello se hará en una liquidación extra. Las grandes eléctricas temes que también serán ellas las que tendrán que financiar ese aplazamiento que supone por sí mismo un desfase en el cobro.

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