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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Todos los motores al servicio del empleo

El primer balance detallado sobre el comportamiento de la renta y la riqueza de las familias durante la crisis económica desatada en 2008 revela que el gran damnificado es la remuneración procedente del trabajo por cuenta ajena (los salarios), mientras que se ha mantenido bastante estabilidad en el ahorro y los recursos recibidos del capital, e incluso su acumulación (la riqueza financiera) está prácticamente en el mismo nivel nominal (habría que restarle una nada despreciable dosis de inflación) que tenía antes de llegar la recesión. Solo el componente inmobiliario de la riqueza, donde mayor acumulación de valor aparente se generó con la burbuja crediticia, sigue sin recuperarse, pues, aunque está próxima a hacerlo, la caída de precios inmobiliarios no ha concluido.

La pérdida de renta salarial es muy apreciable, de nada menos que un 15%. Pero es en parte compensada por el aumento de las rentas de cobertura por desempleo, tanto de seguro como de subsidios, que, junto con las pensiones de la Seguridad Social, se han incrementado en un 36% desde 2008 hasta 2012. Esta aportación resta dramatismo a la pérdida tan agresiva de rentas salariales, que se ha concentrado en los tres millones de personas que han perdido su empleo en los últimos seis años, con el consiguiente deterioro de la salud financiera de centenares de miles de hogares en los que todos sus activos están ahora en desempleo.

En términos macroeconómicos, los datos pueden interpretarse tanto como un alivio en los costes de producción que ha recompuesto buena parte de los niveles de competitividad perdidos durante los primeros años del euro, y también como un ejercicio de solvencia de las finanzas familiares, dado que la riqueza financiera neta de las familias sigue firme, y de hecho es un agente económico que en términos agregados puede soportar todos los créditos tomados y que siguen vivos con la única aportación de sus depósitos bancarios. Otra cosa es que cualquier interpretación analítica deja claro que, dada la asimetría económica y sociológica del país, unos hogares tienen los depósitos y la riqueza financiera acumulada y otros tienen los créditos, con una concentración en las generaciones más maduras de los primeros, y en las jóvenes, de las deudas.

Los trimestres transcurridos de 2013 han registrado una atenuación en la pérdida de masa salarial, a la vez que una recomposición acelerada de algunos de los componentes de la riqueza financiera, sobre todo los cotizados en Bolsa. La devaluación interna de costes que acompaña al proceso de ajuste de empleo, que podría estar próximo a terminar, se está intensificando, por contra, y concentrando solo en los costes salariales. De tal forma lo está haciendo que puede llevar las tasas de asalarización a niveles de riesgo tanto para la recomposición de la demanda interna como para la financiación del Estado de bienestar.

La renta disponible de los hogares solo puede ser suplida a efectos de demanda con un cambio de las expectativas de la población que movilice el ahorro. Y para ello se precisan más cosas que las que hasta ahora hay en marcha. En primer lugar, la ciudadanía tiene que empezar a ver que a su alrededor no se destruye empleo, o incluso que se crea alguno, para perder el miedo a quedarse en paro. Y se precisa algún tipo de inyección permanente en su renta regular que sostenga un incremento del gasto, hasta ahora atenazado por ese componente psicológico, tan determinante en economía, como es el miedo.

Y esas soluciones están sobre todo en los responsables de la economía, tanto en los políticos como en los corporativos. La transmisión de las expectativas se activa si se toman decisiones y se aplican con celeridad y seriedad. El Gobierno debe terminar con su catálogo de reformas, y debe hacerlo ya con cierta prisa para no entrar en el terreno movedizo y delicado del calendario electoral, que lo para todo.

Y entre ellas debe figurar una reforma fiscal integral, esa que pretende aplicar para fortalecer el crecimiento, que proporcione, con carácter permanente, más renta a la gente, y se sirva de motor para generar nuevo empleo. Sin él, no será posible ni recomponer la renta regular de la ciudadanía ni disponer de pilares para financiar lo que ahora supone un 30% de la renta disponible bruta de los hogares: las pensiones, que hoy por hoy se financian con salarios.

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